ISSN 0798 1015
ISSN 0798 1015
Vol. 38 (Nº 45) Año 2017. Pág. 23
Kenny Dave SANGUINO Cuéllar; Yefri Yoel TORRADO Verjel
Recibido: 06/06/2017 • Aprobado: 26/06/2017
3. Concepto y perspectivas del pluralismo jurídico
RESUMEN: En el presente texto se analizan las políticas públicas en materia de educación superior que la OCDE estableció en el año 2012 a través de sus recomendaciones para Colombia, y se comparan con las políticas aplicadas por parte del gobierno, para así, a la luz de la teoría del pluralismo jurídico, realizar una crítica sobre la comunicación y participación que tuvo la comunidad universitaria en la toma de estas decisiones. |
ABSTRACT: This paper analyzes the public policies in higher education established en 2012 by OECD through its recommendations for Colombia, likewise it compares with the policies applied by the goverment, based on the theory of legal pluralism to criticize the communication and participation that the University comunity had in making these decisions. |
Bajo el título de “Evoluciones de Políticas Nacionales de Educación: La Educación Superior en Colombia” (OCDE y Banco Mundial, 2012), este organismo llevó a cabo un análisis de una serie de instrumentos relacionados con el estado del arte de la educación superior en Colombia. Allí se analizaron temas como la visión, estructura, gobernabilidad y gestión, la equidad, la calidad, pertinencia, el aseguramiento de la calidad, la internacionalización, la investigación e innovación, la información y transparencia en el sistema de educación superior en Colombia.
Al finalizar ese informe se plantearon unas conclusiones y recomendaciones, donde se resaltaron unas “fortalezas” y se indicaron los “aspectos problemáticos”, las “claves para el éxito en el futuro” y las “recomendaciones” para el sistema de educación superior colombiano.
La finalidad de esta investigación es realizar un análisis comparativo entre las políticas de educación sugeridas por la OCDE y las políticas públicas en materia de educación superior que el gobierno ha implementado a través de sus mandatos, ya sea a través del Ministerio de Educación Nacional o de la bancada legislativa que apoya su gobierno. De esta manera, al analizar los criterios de pluralismo jurídico que ya se han reconocido en Colombia, se contrastará la comunicación y participación de los estudiantes en la reforma a la educación superior.
De tal manera, en primer lugar, se identificará la configuración, el concepto y el alcance del pluralismo jurídico; posteriormente, se analizará su desarrollo en Colombia; así mismo se comparará a los criterios sugeridos por la OCDE en materia de educación que fueron adoptados por Colombia; y, por último, se hará una valoración de la participación de los estudiantes en estas decisiones a partir de la teoría del pluralismo jurídico.
El presente proyecto se llevó a cabo mediante un estudio de tipo descriptivo, bajo el cual se identificaron el concepto y las perspectivas de la teoría del pluralismo jurídica, estableciendo comportamientos concretos entre las recomendaciones sugeridas por la OCDE, las políticas públicas de educación adoptadas por parte del gobierno a partir estas y la participación de los grupos sociales universitarios en la elaboración de dichas políticas públicas. Así mismo se partió el método de análisis de contenidos en el que se partió por identificar las partes que componen las políticas públicas de educación superior en Colombia y de esa manera se estableció la relación causa-efecto entre estas y las recomendaciones realizadas por la OCDE al respecto, tomando como fuentes de información textos, publicaciones en revistas, prensa, informes oficiales y comunicados de organismos multilaterales (Méndez, 2001, pág. 133-158).
El pluralismo jurídico surge como respuesta a una concepción de Derecho que entiende éste como un conjunto de mandatos, emanados por un soberano, por lo tanto dotado de autoridad, el cual está facultado para ejercer la fuerza si se incumple su voluntad, la cual se deriva de la voluntad general (Hobbes, 1651), (Bentham, 2008), (Austin, 2002), (Kelsen, 1982); es el Estado, canalizador del poder de la nación, es el único autorizado para crear y aplicar derecho válido. Esta idea sobre el Derecho, y por lo tanto de ordenamiento jurídico, es denominada centralismo jurídico.
El pluralismo jurídico, surge a principios del siglo XX, debido a la insuficiencia del centralismo jurídico en su intento por describir el fenómeno que surgió debido a la interacción entre las teorías jurídicas de potencias colonizadoras que imponían su ordenamiento jurídico en sociedades que poseían una cultura diferente a la europea, y por lo tanto, perspectivas distintas sobre el “control social, presión social, costumbres, derecho consuetudinario y procedimientos judiciales”. De allí que las relaciones jurídicas estuviesen determinadas, al mismo tiempo, por el derecho indígena y el derecho europeo. (Engle, Griffiths, & Tamanaha, 2007, pág. 90).
Para exponer las diferentes concepciones sobre pluralismo jurídico, se utilizará como marco de referencia el hecho por Pablo Ianello (Ianello, 2015), de las cuales se hará una síntesis sobre cada una de ellas: i) Visión clásica, que entendió el pluralismo como una relación de ordenamientos jurídicos Estado/No Estado, que permitió explicar la coexistencia u oposición del derecho europeo con el derecho indígena u originario de colonias; ii) Pospisil, el cual indica que toda sociedad se articula en subgrupos y cada uno de ellos tiene su propio sistema legal el cual es necesariamente diferente en algún aspecto. iii) Hooker, quien propone que el derecho se entiende como el resultado de la transferencia de sistemas legales a entornos culturales diferentes; iii) John Griffiths, quien sostiene que existe un pluralismo jurídico desde la ciencia del derecho diferente del desarrollado por las demás ciencias sociales; iv) Vanderlinden, el cual señala la tendencia del ordenamiento jurídico a regular todos los aspectos de la vida cotidiana, además cuestionó a la norma como único producto del derecho; y, toda la sociedad se ve llevada a interactuar con diversos sistemas jurídicos; v) Boaventura de Sousa Santos, quien sostiene que dentro de la idea de Derecho, existe una relación entre estructuras sociales y estructuras normativas a través de leyes de producción, de intercambio, de comunidad, territorial y sistémica.
A pesar que el pluralismo jurídico ha tenido diversas concepciones, se pueden destacar algunos elementos esenciales como lo son: i) reconocimiento de diversos ordenamientos jurídicos dentro de una sociedad; ii) la coexistencia, influjo y relacionamiento entre dichos sistemas; y, iii) La armonización de los diversos campos sociales en la construcción de un bien común, sin llegar a perder su identidad y autonomía. Serán éstos, los referentes conceptuales que servirán de apoyo, orientada hacia la postura del profesor Boaventura de Sousa Santos, que se considera la más idónea para el análisis que se pretende realizar.
Ahora, el fenómeno anteriormente expuesto, no es ajeno a la sociedad colombiana, mucho menos en donde se muestra que cada región tiene sus costumbres, dialectos, culturas y características propias marcadas a grandes rasgos.
En este orden de ideas, Colombia a través de su marcado multiculturalismo posee varias sub-sociedades que a la vez se determinan por varios, si se pudiera llamar de esa manera, sub-ordenamientos jurídicos, que coexisten con el hoy reconocido a nivel general.
Es en este sentido que la Constitución Política de Colombia de 1991 realiza un cambio radical frente a este tema comparada con la anterior Carta Magna de l886, al establecer en su artículo primero establece que el estado colombiano es entre otras cosas “[…] un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista […]”; mientras que la llamada constitución centenaria no posee el termino pluralista en ningún lugar de su articulado.
Con base en este precepto constitucional, la Corte Constitucional, refiriéndose a la clara manifestación cultural de las sociedades indígenas que en muchas ocasiones posee no solo ordenamientos jurídicos propios sino contrarios al nuestro, establece:
“El pluralismo como principio constitucional (art. 1° C.N), el contenido normativo el artículo 68 Superior en el cual se dispone que quienes integran los grupos étnicos podrán ejercer su derecho a formarse con fundamento en cánones que respeten y desarrollen su diversidad cultural, y la manifestación de este derecho en el caso concreto de los pueblos indígenas contenido en el artículo 246 de la Constitución, soportan en buena medida el concepto de pluralismo jurídico entendido como formas diversas de ordenes legales concomitantes respecto de los mismos supuestos y fenómenos a regular[…]”. (Sentencia T-236, 2012)
Pero vale la pena aclarar que los grupos étnicos o diversificados culturalmente no son los únicos que nutren el pluralismo jurídico en la sociedad colombiana, pues como ya lo ha preceptuado la misma corte constitucional:
“constituye una proyección, en el plano jurídico, del carácter democrático, participativo y pluralista de la república colombiana y obedece a ‘la aceptación de la alteridad ligada a la aceptación de la multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occidental” (Sentencia SU-510, 1998)
Por tal razón varios pueden ser los grupos sociales que se constituyan en Colombia con incidentes directamente en el pluralismo jurídico, en el siguiente acápite se mostrará la posición de los estudiantes de educación superior en el marco del Pluralismo Jurídico.
Como anteriormente se dijo, no solo los grupos distinguidos por su raza, sexo, o etnia hacen parte de la protección brindada por el pluralismo constitucionalmente reconocido, sino que este derecho constituye una protección a la multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión diferentes.
Lo que quiere decir, como se dijo en la definición del Pluralismo, que dentro de este término podrían entrar distintos grupos como las asociaciones religiosas de diferente índole, los grupos sociales de trabajo o agremiaciones sindicales, las sociedades animalistas, campesinas y las diferentes colectividades que muestran día a día la necesidad de interrelación del hombre con el hombre.
Es de esta manera que la sociedad o la población estudiantil universitaria, lejos de escaparse de este espectro de poblaciones que predican contenidos jurídicos, éticos, sociales y morales diferentes a los de la población en general, es la propulsora de los mayores cambios sociales, nacientes desde los nichos académicos que pretenden constantemente las liberaciones sociales.
De esta manera, vale la pena recordar que en Colombia, el mayor avance que ha tenido como estado social de derecho se le debe a las comunidades universitarias (Naranjo, 2012), por lo que es, se bulto entendido, que a las comunidades universitarias se les debe reconocer como promotoras de los avances sociales y el progreso de las estructuras jurídicas, no solo en Colombia, sino la gran mayoría es estados.
La implementación de políticas públicas en Colombia ha sido un asunto poco referenciado al momento de evaluar los ciclos económicos, sociales y culturales del país; en su lugar, cuando se acude a ellos se culpa a las personas, gobiernos y mandatarios de turno, sin sentarse a evaluar lo que la ausencia de una actuación disciplinar en materia pública ha causado en el país. Resultado de esta tendencia ha sido la búsqueda de dichas políticas en los organismos internacionales para hacer parte de los mismos.
El intento de hacer parte de la OCDE ha sido un punto de esta tendencia, a pesar de lo que ello implica para el respeto de la soberanía de Colombia al momento de implementar sus propias políticas públicas.
Resulta cierto que la entrada del país en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es una de las prioridades del Gobierno de Juan Manuel Santos (El Espectador, 2014), puesto que el gobierno ha establecido una reestructuración de la institución gubernamental, principalmente por funcionarios enfocados en cumplir las exigencias de ese organismo internacional y cambios institucionales en el Ejecutivo para seguir una específica hoja de ruta que permita alcanzar el objetivo presidencial.
El primer llamado a la puerta de la OCDE que Colombia hizo, se dio en el año 2010, cuando el gobierno solicitó ayuda para la creación de su Plan de Desarrollo, para el cual la organización recomendó la reducción de aranceles, la simplificación de la estructura del IVA, y la eliminación de los impuestos parafiscales.
Hacia el 2011, luego del presidente Juan Manuel Santos expresar su deseo de hacer parte, la OCDE inició una serie de evaluaciones de calidad de las políticas públicas colombianas en temas de mejoramiento de las políticas sobre impuestos, empleo, medio ambiente, ciencia y tecnología, inversión y competencia, entre otros. (Presidencia de la República, 2015)
El inicio formal del proceso de adhesión de Colombia a la OCDE, se dio en mayo de 2013, cuando se comunicó la decisión tomada por los 34 miembros de dicha organización; meses más tarde se aprobó la Hoja de Ruta que establece cada uno de los pasos a surtir para llevar a cabo la adhesión. (Presidencia de la República, 2014)
Por otra parte, en materia de educación, Colombia ocupa el puesto 67 entre 76 países en los cuales la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico midió las habilidades en matemáticas y ciencias de sus escolares (El Tiempo, 2015).
La política educativa (OCDE, 2015), es un aparte incluido en el desarrollo macroeconómico del país, su función enfocada a mejorar las habilidades y competencias de la relación de los individuos con las infraestructuras; no hacen sino resaltar la visión que pretende implementar la OCDE en Colombia sobre la educación como una herramienta de desarrollo económico y no como motor de progreso social dentro de los contextos que requiere la sociedad colombiana.
Esto resalta en que por ejemplo, en lugar de establecer recomendaciones para mejorar la calidad educativa en Colombia, la OCDE pretende estudiar únicamente el campo de la cobertura e infraestructura de la educación en el país; resalta en su estudio que los incrementos presupuestales para la educación y el desarrollo de primera infancia en el presupuesto para 2015 son un paso en la dirección correcta hacia el crecimiento inclusivo de la sociedad; indicando que debe mejorarse el aspecto de la matriculación en pre-primaria que es del 50% y debe aproximarse al 90% en los próximos años; y que la tasa de escolarización terciaria es del 45% cuando debe aproximarse al 70%; indicando que así se incrementará la calidad educativa.
Siendo necesario, resaltar lo escrito por el Senador Jorge Enrique Robledo (Robledo, 2015) al referirse a las soluciones de la OCDE como “una adhesión a prácticas en cuyo diseño el país no tuvo intervención” y que, como tal, no representan un diseño estructural adecuado a sus propias necesidades y cualidades específicas.
Dentro de este acápite nos proponemos analizar cuáles fueron las estrategias, cambios, y propuestas en el pilar llamado educación dentro del Plan de Desarrollo Nacional y las demás políticas tomadas después por el presidente, así como los pensamientos que impulsaron las políticas públicas adoptadas en este sentido.
En este sentido debe decirse que uno de sus principales objetivos, lograr la igualdad de oportunidades en la sociedad colombiana, entendiendo y tomando consciencia del fraccionamiento, económico, cultural, social y hasta étnico en las distintas comunidades y sectores sociales colombianos, fue atacado a través de la educación aceptando que esta era una de las herramientas más adecuadas para tal fin.
El pilar de igualdad de oportunidades tiene como principal objetivo conseguir mayor movilidad social, lo cual va más allá del otorgamiento de subsidios asistencialistas para los grupos más vulnerables. El país enfrenta un índice de pobreza que ronda el 45% el cual, teniendo en cuenta los subsidios no monetarios, tan solo disminuye, a un 30%. A ello se suma que en los últimos 8 años se ha logrado sacar de la pobreza a 1,7 de los casi 20 millones de pobres que tiene el país, lo cual refleja, de forma clara, la necesidad de desarrollar procesos de movilidad social, impulsados especialmente por la educación. (Gómez, Steiner, Gaviria, Córdoba, & Galvis, 2011, pág. 11)
En este sentido, la movilidad social juega un papel supremamente importante, debido a que representa un cambio en la estructura a través del cual antes se quería dar todo a los ciudadanos, para pasar ahora a un plano en el que se les da a los ciudadanos las herramientas para lograr el cambio, siendo la herramienta principal la educación.
Es correcto pensar que la educación cumple un rol predominante en la resolución de problemas sociales, al asegurar que: "Un país seguro y en paz, con una población educada y trabajando, con una infraestructura que nos permita competir mundialmente, para llevar la producción, el ingenio y la laboriosidad de los colombianos a todos los rincones del mundo” (Gómez, Steiner, Gaviria, Córdoba, & Galvis, 2011, pág. 13).
A continuación, se verán ocho (8) cambios que se desarrollaron dentro del Plan Nacional de Desarrollo y, a su vez, lo que se espera hacer como nueva propuesta dentro de su actual Plan de Gobierno (Ministerio de Educación Nacional, 2015):
A su vez, no solo se han cambiado materialmente las políticas públicas frente al cómo abordar la educación colombiana y las estrategias para su ampliación, eficacia y optimización, sino que a la vez se ha cambiado la forma de concebir la educación y el rol funcional en la sociedad, tanto así que según “Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018” la educación toma un papel protagónico las problemáticas sociales colombianas:
“La educación, precisamente el tercer pilar de este plan, se concibe como el más poderoso instrumento de igualdad de la sociedad. La educación no solo nivela, sino que abre puertas de progreso, y mejora la calidad de la democracia. Una población educada puede aprovechar las oportunidades económicas que se le presentan, y tiene mayores capacidades para participar en el sistema político, en la economía de mercado y en la defensa de sus propios derechos”. (Departamento Nacional de Planeación, 2014)
De esta forma, la educación se observa como un rol solucionador de problemas, catalogada como el “más poderoso instrumento de igualdad de la sociedad”.
Lo anterior presupone la unificación de los conocimientos preparando a los educados para las competencias no solo nacionales sino internacionales y proyectándolos para la creación de empresas y producción de empleo. Por eso se torna necesario hablar de ventajas económicas cuando se habla de educación, puesto que la capacitación en la población producirá mayor cantidad y calidad de empleo, industria, cultura y sostenibilidad, lo que a su vez se reflejará en la seguridad, debido a que la mayor parte de la población será educada y tendrá acceso a un empleo digno, en condiciones óptimas. Es a esta cadena a la que se le denominó “circulo virtuoso” (Departamento Nacional de Planeación, 2014, pág. 2)
A continuación, se realizará un análisis comparativo de las sugerencias y recomendaciones realizadas por la OCDE en materia de Educación Superior para Colombia y que, a su vez, fueron incorporadas como parte integral de la política pública.
Sin ánimo de realizar un resumen de los aspectos considerados como problemáticos por parte de la OCDE y el Banco Mundial, resulta pertinente señalar aquellos que atañen a la educación superior en Colombia, indicando que:
Los vínculos entre las instituciones (sobre todo, las universidades públicas) y las empresas no son lo suficientemente sólidos ni variados para garantizar que los programas y la investigación sean relevantes con respecto a las necesidades de la economía colombiana, ni ofrecen a los egresados las mejores perspectivas laborables posibles. (OCDE y Banco Mundial, 2012, pág. 333)
Al respecto vale señalar lo que (Miñana Blasco & Rodríguez, 2002) expresan cuando indican que, en materia de discusión sobre las reformas a nivel mundial, la ONU ha sido desplazada por la OCDE y por el Grupo de los Siete; y en materia de educación, la UNESCO ha cedido su espacio al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, desencadenando la pérdida de autonomía e imposibilitando la puesta en marcha de alternativas educacionales a las propuestas por estos organismos multilaterales. (pág. 48)
Lo anterior permite señalar que la finalidad de la educación, al ser diagnosticada por parte de organismos multilaterales que desplazaron la discusión pública y abierta hacia unos centros específicos de poder, está bajo la órbita de los intereses que promueven dichas instituciones.
De igual manera, en la Evaluación de Políticas Nacionales de Educación en Colombia (OCDE y Banco Mundial, 2012, pág. 333 y ss), cuyo apartado se titula “claves para el éxito”, se observa un contenido en doble vía que indica, por una parte, que el sistema de educación superior en Colombia no es exitoso a la luz de los parámetros examinados por esta organización internacional; y, por otra, que si el Estado colombiano persigue el éxito en materia de educación superior, los parámetros allí establecidos son los adecuados a la hora de buscar la adherencia a este organismo de cooperación internacional.
En este sentido, el éxito implica: “atraer más fondos al sistema […] implementando cambios en la gobernabilidad para estimular nuevas inversiones del sector privado” (OCDE y Banco Mundial, 2012, pág. 70 y ss)
Al respecto señala (Kent, 1997):
En realidad, las políticas propuestas actualmente en América Latina para "desestatizar" el financiamiento de la educación superior encuentran una fuente de inspiración en las que adoptaron muchos países europeos cuando incorporaron selectivamente elementos del modelo estadunidense, a pesar de que el desarrollo de un sector privado en el Viejo Continente fue posterior y menos profundo que en América Latina. (pág. 11)
De allí permite concluirse que reducción en la financiación de la educación superior pública no es un fenómeno particular de América Latina, sino que fue una importación conjunta entre los organismos multilaterales y los gobiernos de la región. Lo cual repercute en la manera como percibimos este tipo de formación en países donde “[l]a manera cómo se financia la universidad pública no incentiva ni la productividad ni la calidad, de un lado, ni el equilibrio financiero, de otro. Tampoco es eficaz en garantizar el acceso de los grupos de menores ingresos.” (Duarte & Leonardo, pág. 22)
La primera recomendación atañe a una reforma estructural a la Ley 30 (“por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”), la cual “debe centrarse en aumentar la capacidad del sistema de educación superior colombiano para dar cabida a más estudiantes, así como mejorar la calidad de los resultados estudiantiles en relación con el aprendizaje, el índice de titulación y las perspectivas laborales” (OCDE y Banco Mundial, 2012, pág. 335)
Esta sugerencia ya se había dado para la época en la cual se expidió el diagnóstico por parte de la OCDE. No obstante, las cualidades sugeridas para dicha reforma son las mismas que había presentado anteriormente el gobierno nacional, cuyo intento no tuvo éxito entre la comunidad universitaria de estudiantes. (Revista Semana, 2011) (Periódico El País, 2011)
No obstante, la fallida reforma a la Ley 30, el gobierno, a través del Plan de Desarrollo 2014-2018, implementa las figuras que en aquel entonces fueron retiradas del debate público; así lo demuestra Ponencia presentada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en Audiencia Pública sobre Plan Nacional de Desarrollo y Posconflicto, leída por Ximena Canal Laiton en el Congreso de la República (Canal Laiton, 2015):
“Los diez artículos que trazan el rumbo de la educación para el cuatrienio incluyen elementos de la reforma a la Ley 30, pero lo hacen de forma solapada, de espalda al país y a la comunidad académica. Recordemos que, al ser derrotada la propuesta de reforma de 2011, Santos la retiró por falta de “ambiente político” y no porque aceptara que el ánimo de lucro y otros puntos fueran perjudiciales para la educación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial aconsejaron entonces a Colombia insistir en la reforma buscando “reducir riesgos políticos”. ¿Cómo hacerlo? Una buena manera, esconderla entre los 200 artículos que en el PND legislan sobre todos los aspectos de la vida nacional y que no serán sometidos a debate por las características antidemocráticas del trámite legislativo del Plan de Desarrollo.”
PROPUESTAS DEL GOBIERNO EN MATERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
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Deben desplegarse mayores esfuerzos para integrar el SENA en el sistema de educación superior. Entre las áreas importantes para la integración se incluyen la recopilación de datos, los sistemas de información y análisis, la planificación del programa académico, la planificación estratégica y los mecanismos de aseguramiento de la calidad. |
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) formó a 7 millones de jóvenes en los últimos 4 años. El fortalecimiento de esta institución será uno de los puntos clave de del actual gobierno, ampliando los cursos del nivel técnico y tecnólogo.
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El Ministerio de Educación Nacional debe seguir centrándose principalmente en los objetivos nacionales para la educación superior, y en la mejora del aseguramiento de la calidad de la educación superior (tanto en lo relativo al aprendizaje como a la relevancia). El Ministerio de Educación Nacional y las instituciones de educación superior deben colaborar en el desarrollo de un marco de rendición de cuentas consensuado, que aclare la función de cada institución en la consecución de los objetivos nacionales, así como los mecanismos e indicadores de desempeño que las instituciones utilizarán para rendir cuentas de su progreso. |
El gobierno Santos tomó la compleja misión de tener a Colombia ocupando el galardón del país más educado en Latinoamérica para el 2025, meta por la cual, se entiende según lo propuesto para el actual gobierno aún se está luchando |
Deben incorporarse los objetivos nacionales para la educación superior a los procesos de toma de decisiones institucionales, en todos los niveles. Debe animarse al personal perteneciente a todos los niveles a que reflexione sobre las implicaciones que los objetivos acarrean en sus áreas de responsabilidad a fin de que colaboren en su consecución. |
El gobierno Santos tomó la compleja misión de tener a Colombia ocupando el galardón del país más educado en Latinoamérica para el 2025, meta por la cual, se entiende según lo propuesto para el actual gobierno aún se está luchando |
Con el fin de hacer frente a la falta de preparación para la universidad de muchos colombianos, sobre todo los chicos, cuando terminan la secundaria, el gobierno debería plantearse introducir un 12º grado de escolaridad. Si esto se descarta debido al costo, el gobierno debería introducir un curso-puente entre la Educación secundaria y la educación superior, para aquellos que aspiran a acceder a la superior o para los que necesitan mejorar sus conocimientos y habilidades para poder competir eficazmente por un cupo en la educación superior. Los cursos-pasarela los podrían impartir las instituciones de educación superior, los institutos de secundaria, ambos en colaboración o nuevos institutos especiales para el 12º grado. Sería interesante plantear la introducción de grados vocacionales/grados básicos. |
El senado hundió Ley que implementaba el grado doce en Colombia. (El Espectador, 2014)
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Deben aumentarse los recursos del ICETEX, idealmente para poder apoyar los planes del gobierno de ampliar el alcance de la educación superior con equidad, permitir que reciban ayudas todos los estudiantes con bajos ingresos que quieran y necesiten apoyo financiero para acceder a la educación superior, y limitar de forma significativa la deserción por motivos financieros. |
Se han beneficiado a 330.000 jóvenes con becas-crédito del ICETEX que tienen un interés del 0%. La propuesta para el actual gobierno es triplicar esa cifra.
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Se debe seguir haciendo grandes esfuerzos para atraer a personal nuevo altamente cualificado y mejorar las cualificaciones del personal existente. Otras medidas recomendadas para contribuir a mejorar la calidad de la educación son: (i) estimular la observación de la educación entre pares y (ii) desarrollar indicadores de calidad de la educación, que deben incluirse en las evaluaciones de resultados de las instituciones de educación superior. |
Nuevos lineamientos que orientan la evaluación de las IES cualquiera que sea su carácter académico y la modalidad bajo la cual ofrezca sus programas. (Consejo Nacional de Acreditación, 2015)
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Puesto que el gobierno colombiano sigue adelante con sus planes de reforma y desarrollo de la educación superior, deberá evaluar cuidadosamente la necesidad de aumentar la financiación pública por razones tanto de equidad como de calidad, y explorar maneras de movilizar los recursos adicionales que se necesitan tanto a nivel nacional como subnacional |
Según el gobierno Santos las competencias de los profesionales se han agudizado en el campo tecnológico. Se espera a su vez, que para el actual gobierno se entreguen computadores a 350.000 maestros para formarlos en las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones.
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Existe la apremiante necesidad de crear mecanismos de financiamiento basados en resultados para asignar una parte mucho mayor de las subvenciones públicas, con el siguiente doble propósito: (i) redistribuir los recursos para lograr un reparto más equitativo de los subsidios públicos entre las instituciones públicas de educación superior, y (ii) ofrecer incentivos que inciten a las instituciones a ser más eficientes y sensibles al desarrollo y a las necesidades del mercado laboral. |
Se han beneficiado a 330.000 jóvenes con becas-crédito del ICETEX que tienen un interés del 0%. La propuesta para el actual gobierno es triplicar esa cifra.
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Frente a las anteriores modificaciones de nivel estructural presupuestal y social, se dieron varias voces en contra que no fueron atendida durante la realización de estas reformas. En primer lugar, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil(2013) reaccionó indicando que:
“Lo que hay detrás de dicha situación, más allá de la improvisación y desconocimiento de la educación superior, es una política sistemática de desfinanciación en 20 años de neoliberalismo, en donde ha jugado un relevante papel el Banco Mundial”
Indicando que la finalidad de las recomendaciones de la OCDE estaba orientada a la desfinanciación de la universidad pública y la centralización educativa en las universidades privadas y de élite, acreditadas como tal por parte del Ministerios de Educación Nacional:
“A raíz de esas mismas directrices el presupuesto estatal pasó de representar el 87% de los recursos de las universidades al 50%. Hoy Colombia ocupa el segundo lugar en participación del sector privado en la financiación de la educación superior con el 50%, después de Chile, superando el promedio de América Latina y el Caribe, que es del 46%, y de los propios países de la OCDE, con 31%.” (Mesa Amplia Nacional Estudiantil, 2013)
En segundo lugar, en el periódico de la Universidad Nacional, se indica que:
Integrantes de universidades públicas del país consideran que la evaluación del estado de la educación superior del país contratada por el Gobierno nacional y elaborada y financiada por el Banco Mundial tiene un potencial sesgo que no permite considerarlo un análisis completamente objetivo. (Castaño, 2013)
Además de esto, señala un aspecto de relevancia puntual en materia de participación de las universidades públicas colombianas en la elaboración de dicho diagnóstico, puesto que las mismas no tuvieron participación alguna en su creación:
Para Alberto Uribe Correa, rector de la Universidad de Antioquia: “Las fuentes sobre las que la OCDE valora o evalúa la situación en Colombia no son claras. Definitivamente no se tuvo en cuenta al conjunto de instituciones del Sistema Universitario Estatal o de Ascún. Se habla de un informe preliminar entregado por el Ministerio de Educación, así como de las bases de datos que se tuvieron en cuenta y que fueron concedidas por entes del Gobierno. Pero no se explica la metodología del análisis. (Castaño, 2013)
En tercer lugar, (Núñez González, 2014), indica que la orientación de las propuestas del Banco Mundial no es nueva en este aspecto, puesto que desde la década de los noventa este organismo internacional ha propugnado por una reforma educativa orientada a la desfinanciación pública:
[…]Cuando insiste en que deberá avanzarse en “atraer más fondos al sistema […] implementando cambios en la gobernabilidad para estimular nuevas inversiones del sector privado” pues, partiendo de la insuficiente fuente de recursos públicos y la creciente demanda insatisfecha, “la única manera de hacerlo sería recurrir a proveedores privados y compartir los costos [donde] las asociaciones mixtas público-privadas representan un modelo muy prometedor para Colombia.”
Ninguna de las consideraciones aquí expuestas se tomó en cuenta al momento de realizar los cambios y las reformas a la educación superior en Colombia, prescindiendo de la participación de los diversos sectores académicos en la discusión de las políticas públicas que los involucraban directamente.
¿Qué está en juego al permitir que agentes externos determinen u orienten la formulación de políticas públicas (por ejemplo, las políticas educativas), y en últimas el modelo de desarrollo de un país?
La respuesta al interrogante va ligada, por un lado, al paradigma que reduce la idea de desarrollo al crecimiento económico; y, por el otro, de la homogenización del ámbito cultural, dentro del cual se encuentran esferas como la educación, el derecho y el modelo económico.
Respecto al primero, se constata cuando se habla del llamado “circulo virtuoso”, entendiendo la educación como instrumento de igualdad social, progreso y democracia en función a potencializar capacidades económicas en el sistema político, el mercado y en la defensa de sus derechos. Es lo que según E. Morin, citado por De Zubiría, denomina como mito del desarrollo:
“El mito del desarrollo se afirma gracias a dos elementos: El mito de la sociedad industrial y la reducción de lo social a su carácter económico-tecnocrático. El primero supone que las sociedades que han alcanzado el estadio industrial (mito neosaintsimoniano) van reduciendo sus antagonismos, sus conflictos y desigualdades. El segundo, concibe como evidente, que el crecimiento industrial es el motor del desarrollo económico y social (crecimiento industrial -desarrollo económico- expansión humana); creyendo que, necesariamente, se hace crecimiento para el desarrollo social y no crecimiento por él mismo.” (De Zubiría Samper, 2013, pág. 89).
Con relación al segundo aspecto, el de homogenización cultural, parte de la pretensión universalizadora de la filosofía occidental, de la creación de formas de pensamientos, símbolos, leguajes o superestructuras válidas para cualquier momento y lugar.
En el ámbito cultural, el debate en la definición de cultura, parte desde el objetivismo, este es, el reconocimiento de una sola cultura; posteriormente, el reconocimiento de diversas culturas, de las cuales se destaca una cultura superior y por lo tanto con derecho a dominar e imponerse sobre otras, las cuales, serán validadas en virtud a su semejanza o reflejo con la cultura hegemónica, denominada paradigma eurocentrista y norteamericanista; y, dentro de los debates actuales, el reconocimiento de la autonomía de las naciones en crear y desarrollar su propia cultura, de cara a la realidad social y no al “copy-paste” de otras culturas;, lo que deviene en una emancipación de la diversidad étnica y cultural, que surge como crisis del anterior paradigma.
Por lo anterior, el que una organización multilateral, de naturaleza económica, se interese por la educación de un país que aspira o es integrante del mismo, se debe a que: i) dicha organización, tiene una visión economicista del modelo de desarrollo que presupone que el mismo va extremamente ligado al incremento en el PIB de un Estado; y, ii) esa concepción de desarrollo, hace parte de una cultura que se considera con las “claves del éxito” y se muestra como única fuente válida en las lecturas de la realidad, identificación de problemas y elaboración de normatividad necesaria para solucionarlos, siendo las demás fuentes normativas internas obstáculos para el desarrollo si sus lecturas y soluciones les son contrarias; o validadoras de un supuesto consenso cuando estas acogen sus propuestas.
Esta exclusión de fuentes normativas internas, en la elaboración de políticas públicas reduce el concepto de soberanía y autodeterminación de los pueblos (Organización de las Naciones Unidas , 1945) al aceptar “recomendaciones” que terminan convirtiéndose en camisa de fuerza para los Estados que quieran ingresar a un organismo multilateral, como el caso de la OCDE, o de la obtención de créditos por parte de la banca mundial como ha sucedido con el Banco Mundial y el FMI.
Esta especie de colonialismo jurídico, o en clave de Habermas “de la colonización interna del mundo de la vida” (Mejía Quintana, 2013, pág. 333) “destruye la dinámica orgánica y los patrones internos de autoproducción y auto-reproducción de las diferentes esferas sociales (economía, familia, educación, etc.)” (De Sousa Santos, 2003, pág. 179) por lo tanto, impide que se construyan políticas públicas de cara a la realidad social de las naciones, que logre los superar obstáculos que impiden la garantía de derechos fundamentales, en este caso de la educación. En la cual, sólo se garantiza el éxito en su cobertura, si se establece un modelo funcional al sistema económico hegemónico, entendido éste proceso como la “mercantilización global de la educación como simple servicio educativo, las necesidades de adaptarlo a las transformaciones del proceso productivo del trabajo, y la banalización del sentido del saber académico y científico en las sociedades contemporáneas” (Múnera Ruiz, 2009).
Se muestra necesario reiterar que las pautas establecidas por la OCDE para el gobierno colombiano se han convertido en un imperativo a través del cual se pretende conseguir la adhesión al exclusivo grupo de países ricos cumpliendo con las exigencias que estos demandan.
Las políticas de educación de la OCDE vienen teniendo acogida en el gobierno nacional; inclusive con el fallido proyecto de reforma a la Ley 30, el gobierno nacional se adelantó a una recomendación especial que le hiciera este organismo internacional para que ajustara la legislación interna a los criterios de este organismo multilateral.
El gobierno ha incluido discretamente en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 las sugerencias que realizara la OCDE para continuar con el proceso de adhesión de Colombia a dicho organismo.
El discurso del desarrollo económico actual va ligado a la generación de riqueza según las leyes del mercado -indistintamente si dicha riqueza es distribuida de manera justa-, y la educación es entendida en función a dicho modelo de desarrollo.
El pluralismo jurídico, en materia de educación, se han reducido a un pluralismo meramente formal, al seguimiento de fuentes normativas externas que utilizan las fuentes normativas internas para generar un consenso dentro de determinada nación si éstas le son favorables a sus intereses o las anulan y pasan por alto si éstas le son adversas a su proyecto de desarrollo y de cultura.
Estas inclusiones en el Plan Nacional de Desarrollo han sido objeto de numerosas respuestas por parte de los involucrados en el proyecto educativo nacional, como lo son las universidades y las asociaciones de estudiantes.
Se debe avanzar hacia un Pluralismo Jurídico que cubra sectores sociales como los estudiantes, los docentes, la sociedad en general, quienes tienen un patrón de comportamiento y pensamiento diferente tanto a nivel moral, como ético y a la vez jurídico; en donde se tenga en cuenta la voz todos los interesados, de cara a la comunidad académica directamente implicada en la educación superior, cuyas conclusiones tengan eficacia en el momento tomar directrices que impacten en el modelo educativo y de desarrollo colombiano.
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Sentencia T 236 de 2012 M.P: Humberto Antonio Sierra Porto.
Sentencia SU – 510 de 1998 M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz
1. Abogado, Universidad Libre. Estudiante de la Maestría en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad Libre. Especialista el combate de Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo de la Universidad de Salamanca. Docente investigador de la Universidad Libre de Colombia – Seccional Cúcuta en las áreas de Sociales y Penal. Email: kenny.sanguino@unilibrecucuta.edu.co
2. Abogado, Universidad Libre. Especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre. Docente investigador de la Universidad Libre – Seccional Cúcuta en las áreas de Sociales y Penal.
3. Como auxiliares de investigación del presente proyecto hicieron parte los siguientes estudiantes de pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre: María Alejandra PARRA Celis, José Santiago ANGARITA Durán, Juan Camilo PÁEZ Jaimes y Yaritza Fernanda TARAZONA Castellanos