ISSN 0798 1015

Vol. 41 (Nº 03) Año 2020. Pág. 14

Efecto de los delitos de alto impacto en el desplazamiento de productores agrícolas: un estudio longitudinal en Tamaulipas, México

Effect of high impact crimes on the displacement of agricultural producers: a longitudinal study in Tamaulipas

SAMANO GARCIA, María H. 1 y LEAL REYES, Rosa G. 2

Recibido: 10/09/2019 • Aprobado: 28/12/2019 • Publicado 06/02/2020

Contenido

1. Introducción

2. Metodología

3. Resultados

4. Conclusiones

Referencias bibliográficas

1. Introducción

El desplazamiento forzado (DIF) es uno de los fenómenos que más repercuten en la sociedad, por las problemáticas que incorpora en los lugares que reciben los desplazados y en los lugares donde estos abandonan sus hogares. Además, destacan, entre las principales causas del desplazamiento, los conflictos armados y violaciones a los derechos humanos, que han obligado a las personas a dejar sus comunidades de origen en busca de seguridad a otros lugares dentro de sus países identificando un desplazamiento interno.

Por otra parte, en el estado Tamaulipas, México, el conflicto entre grupos delictivos y el gobierno se agudizó, especialmente a partir del 2008 ocasionando el DIF de personas como consecuencia de la “narcoviolencia” por parte de los cárteles de la droga, para salvaguardar su integridad ante amenazas y extorsiones (Cruz Salazar y Ibarra Castro, 2014; Meyer, 2007).

Uno de los principales grupos afectados por esta problemática de seguridad, han sido los productores del campo, en gran parte, por lo inaccesible de las comunidades para recibir el apoyo de las fuerzas del orden del estado, por lo que la única solución es la emigración, lo que de acuerdo con Einat & Herzog (2011), provoca un descenso en la competitividad y productividad agrícola.

A partir de lo anterior, resulta importante analizar el efecto del desplazamiento forzado a causa de la violencia de los grupos armados (GA), específicamente en el contexto agrícola, medido a partir de la disminución de la superficie de producción agrícola.

Respecto al estudio de dichas relaciones, conviene aclarar que existe poca evidencia empírica de esta, ya que la mayoría de los estudios realizados han sido de corte cualitativo o bajo otro contexto, por lo que es conveniente analizar dicho fenómeno a la luz de los datos recabados en las oficinas gubernamentales de Agricultura y Procuración de Justicia. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es evaluar el impacto que tiene el delito en el fenómeno del desplazamiento forzado en un contexto de un estado fronterizo.

Para alcanzar lo propuesto anteriormente, el documento ha sido dividido en tres apartados: en primer lugar se realiza una revisión a la literatura, en lo que respecta el DIF, la segunda presenta la metodología de investigación propuesta. Y finalmente, el último apartado, se presentan los resultados y conclusiones.

1.1. El contexto del desplazamiento forzado

El DIF es definido como la expulsión forzada de una persona o población que se ve obligada a abandonar su hogar en busca de refugio y protección cruzando o no la frontera de su país por causa de origen natural o humana    (Celis-Sanchez y Aierdi-Urraza, 2015).

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableciendo la siguiente definición:

El desplazamiento forzado es un fenómeno que se presenta con aquellas personas que se ven sometidas a abandonar forzosamente su lugar de vivienda y trabajo, por varias razones, entre las cuales se destacan la incidencia de hechos de violencia de actores [sic] armados, tanto estatales como ilegales.

Otros autores identifican el tema del desplazamiento forzado como la expulsión forzada de una persona o población que se ve obligada a abandonar su hogar en busca de refugio y protección cruzando o no la frontera de su país por causa de origen natural o humana    (Celis-Sanchez y Aierdi-Urraza, 2015). Existen diferentes categorías de desplazamiento forzado, esto dependerá de la causa, el número de personas que se desplazan, la duración, el lugar receptor entre otros (Cuadro 1).

Cuadro 1
Categorización de tipos de desplazamiento forzado

Fuente: Diseño Propio

En ese sentido, para referir el tema en México, sobre el fenómeno de desplazamiento interno ocasionado por la violencia, es necesario conceptualizar el fenómeno para posteriormente identificarlo como una consecuencia de inseguridad en el país, ya que las poblaciones se ven inmersas en una situación individual o acompañada por más familias se ven obligadas a abandonar su hogar, siendo que en ocasiones lo hacen sin dar aviso a nadie y llevando a cuestas la pérdida de un ser querido, o los efectos propios de haber sido víctimas de actos de violencia como secuestros u homicidios, aunado a que a estas experiencias de por sí complejas, se le añade otras tales como el no saber a dónde acudir o la incertidumbre de que pasará en un futuro próximo (CNDH, 2017). Por otro lado, las consecuencias para la población -civil, no combatiente o no vinculada- son relativas a las amenazas directas o implícitas; la población queda insegura, vulnerada y sin protección (Albuja y Rubio Díaz Leal, 2011).

Así mismo, estudios como el de Mestries (2014), determino que los desplazamientos forzados se producen de manera masiva particularmente en zonas rurales, pues las comunidades enteras son amenazadas directamente o a cuenta gotas. Estas poblaciones son familias que sufren ser extorsionadas o amenazadas de secuestro o hasta las desapariciones bruscas. Este incidente es provocado por las bandas criminales o por los cárteles de la droga. El desplazamiento interno forzado en México particularmente se hace presente en los estados del norte del país, es un efecto colateral de un complejo sistema de violencias ejercidas contra la población civil (Cruz Salazar y Ibarra Castro, 2014).

Por lo tanto, podemos afirmar que el DIF en México se produce, pero no se registra. El ras­treo como se menciono es a posteriori, cuando las comunidades de recepción de los desplazados no pueden asumir el volumen de estas movilizaciones, es entonces que se convierte en un ‘problema social’, en una evidencia inocultable que interfiere en la vida de localidad receptora. Por otro lado, las consecuencias para la población -civil, no combatiente o no vinculada- son relativas a las amenazas directas o implícitas; la población queda insegura, vulnerada y sin protección. El DIF se expresa como huida, escape o evasión a los poderes y fuerzas de facto, como único recurso de resistencia, y podemos comprenderlo como una estrategia extrema, forzada, de sobrevivencia (Cruz Salazar y Ibarra Castro, 2014).

Según Gurrola (2016), las regiones con más desplazamientos internos en la República Mexicana que han provocado desplazamientos de personas por la violencia del crimen organizado y que son afectados por actividades de los cárteles de la droga son Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Además, dentro de algunas de las problemáticas del desplazamiento forzado como resultado de una migración forzada a regiones de destino es la vulnerabilidad de la víctima pues al abandonar su lugar de origen y huir para salvaguardar su integridad y lograr un lugar más seguro, se enfrenta a condiciones de vida con efectos negativos en las comunidades de refugio, tales como problemas de salud, falta de infraestructura, perdidas sociales -como desempleo, pobreza o déficit de vivienda- así como el obstáculo de educación (Bohada R, 2010). Así como falta de protección física, la irreparable pérdida de los seres queridos, medios de subsistencia, patrimonio familiar o redes sociales (Rubio Díaz Leal, 2014). No bastando con todo lo anterior el investigador Pécaut (2001) afirma que estas víctimas en un hecho discriminante son tratadas con sospecha, porque se supone que son cómplices del grupo criminal.

La principal causa de desplazamiento forzado en el mundo mediante alguna manifestación es la violencia. Por lo tanto, se dice que al estar presente este fenómeno es “un recurso preventivo” pues existen las violaciones a los derechos humanos de civiles que miles han muerto en fuego cruzado o como víctimas directas del crimen organizado en alguna desaparición forzosa, esto crea un ambiente de inseguridad en el que involuntariamente familias enteras conllevan a huir de su lugar de origen para salvar su integridad de vida (Rubio Díaz Leal, 2014).

En cuanto al desplazamiento de productores agrícolas, Einat & Herzog (2011) informa que el crimen organizado ha ocasionado un descenso en la competitividad y productividad agrícola, debido al abandono de tierras para huir de los grupos dedicados a la extorsión, secuestro y el robo de recursos de los programas gubernamentales, exigiendo cuotas a los productores con la condición de respetar su integridad física y la de sus familias.

El gobierno federal ha apoyado económicamente a productores agrícolas desde 1993 a través del Programa PROCAMPO-que posteriormente se convirtió en PROAGRO- capacitando técnicamente a los agricultores en el uso de semillas mejoradas, nutrición vegetal, reconversión productiva, entre otros. Esto ha provocado que no se explote de igual forma la riqueza agrícola de la región: cultivo de maíz, frijol, sorgo, cártamo, soya, caña de azúcar y naranja. (SAGARPA, 2014; Einat & Herzog, 2011). Por lo tanto, es importante examinar y comprender el efecto del desplazamiento forzado, específicamente en el contexto agrícola, a partir de la disminución de la superficie de producción agrícola.

1.2. Los delitos de alto impacto

Los delitos son una variable que ha sido estudiada desde aspectos sociales, regularmente se estudia las causas o motivantes, sin embargo, existen pocos estudios empíricos que puntualicen el efecto que tienen en la comunidad. Los estudios más emblemáticos son los del caso Colombiano y el desplazamiento ocasionado por la guerrilla, y los delitos que estos cometen sistemáticamente contra la población, lo que obliga a ésta a desplazarse a otra ubicación geográfica.

Como se ha mencionado anteriormente, México sufre una problemática aunque distinta a la guerrilla colombiana, muy parecida en su esencia a ésta, debida al control territorial que representan los grupos del crimen organizado en nuestro país. Esto conlleva, a una constante escalada de violencia en muchas zonas del estado, y en sobremanera el aumento de los delitos de alto impacto. De acuerdo con el Programa Nacional de Seguridad, los delitos de alto impacto son los homicidios dolosos, secuestros y la extorsión. 

Se considera al homicidio como: Un homicidio se define como la privación de la vida de una persona, ya sea de manera imprudencial o intencional. Para esta investigación se consideraron ambos tipos de homicidios ya que, al haber explosión de granadas, balaceras u otros eventos violentos a causa del crimen organizado ocasionó la muerte accidental de personas inocentes (Veléz, D; Veléz, M; Martell, E; Rodríguez, O; Fernández, J; Pérez, V; Díaz, C; Rivas, F; Cendejas, 2015).

Además, el delito del secuestro ha sido conceptualizado como un método de intimidación de los grupos criminales, sobre todo en lo que representa delitos contra la población civil, como una forma de cobrar lo que se considera como “derechos de piso”. Pese a que las autoridades de manera mediática han intentado menospreciar dicho delito catalogándolo como “levantón”, se debe estimar que el delito de secuestro en cualquiera de sus modalidades se define como: la retención de una persona a cambio de recibir algún beneficio ilegal para liberarla. Desafortunadamente, muchas de las veces, aunque los familiares paguen el "rescate" por la víctima, ésta no es liberada (Ciudadano, 2014; Góngora Pimentel, 2004).

Cruz Salazar & Ibarra Castro (2014) menciona que el desplazamiento forzado es un efecto colateral de un complejo sistema de violencia ejercida contra la población civil, además, el fenómeno del desplazamiento puede ser medido debido a la diferencia entre la población que emigra y la población que inmigra. Por lo que se considera que, a mayor delito, menor el número de población de una ciudad, es decir el delito ocasiona que las personas tiendan a buscar refugio en otros lugares. A partir de lo anterior se propone la siguiente hipótesis:

H1: La tasa de delitos de alto impacto (homicidio, secuestro y extorsión) tiene una relación negativa y significativa con el desplazamiento de productores agrícolas en el estado de Tamaulipas.

A partir de la propuesta anterior, también se infiere que, a menor cantidad de productores, menor cantidad de producción por lo que se propone la siguiente hipótesis:

H2: La tasa de delitos de alto impacto (homicidio, secuestro y extorsión) tiene una relación negativa y significativa con el desplazamiento de productores agrícolas a través del número de hectáreas producidas en el estado de Tamaulipas.

La presente investigación es de tipo cuantitativo con un diseño no experimental, ya que no se manipuló la variable independiente, sino que se tomaron los datos tal y como fueron recopilados de las bases de datos.

En la investigación se estudió el comportamiento de los 43 municipios del estado de Tamaulipas de los años 2005 al 2015. Acorde al objetivo de investigación planteado, los índices de homicidio, secuestro y extorsión fungieron como las variables independientes. Y el número de productores y superficie producida como las variables dependientes.

Para esto, se solicitó al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas por correo electrónico el número de homicidios, secuestros y extorsiones -registrados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ)- cometidos en los 43 municipios en los años comprendidos del 2005 al 2015. La base de datos de los productores y la superficie producida se obtuvo del portal federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Posteriormente, y con la información longitudinal recolectada, se construyó un panel de datos, a partir de los años y municipios en relación con el número de población, las superficies producidas y las tasas de delitos. El modelo planteado resultante es el siguiente:

Se debe aclarar, a que, pese a que se recibieron un volumen importante de información, algunos campos fueron recibidos con valores vacíos, lo que no permitió establecer si se consideraba como un cero o una ausencia de valor, debido a la no aclaración de las entidades concentradoras de información.

De acuerdo con lo anterior, se encontró que los municipios de Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Cruillas, Gómez Farías, Guerrero, Mainero, Méndez, Mier, Miquihuana, Nuevo Morelos, Palmillas, San Nicolás y Villagrán, no presentaron ningún reporte de delitos de alto impacto en el lapso analizado en el panel de datos.

El estudio empírico se centra en los delitos de alto impacto, ya que de acuerdo ya que, de acuerdo con el Programa Nacional de Seguridad, son estos delitos los que le corresponden a las redes delictivas tanto nacionales como extranjeras y son las que afectan la estabilidad de países en vías de desarrollo como México. En nuestro país, los delitos de alto impacto son los homicidios dolosos, secuestros y la extorsión.

Por lo anterior, se estimó operacionalizar las variables de delitos de alto impacto, en índices por cada cien mil habitantes, esto de acuerdo con las recomendaciones de la ONU, con la finalidad de homologar dichos delitos.

Con base en esto, para obtener el índice de homicidio, secuestro y extorsión de cada municipio se calculó la sumatoria de cada delito y el resultado obtenido de cada uno se dividió el total de población de cada municipio-proporcionada por la CONAPO [3] y se multiplicó por 10 mil para homogeneizar los datos.

En el caso del número de productores, se hizo un recuento distinto de cada uno para evitar duplicar la información. Y para obtener la superficie producida de cada municipio se sumó la de cada productor, aunque este se repitiera.

Se debe recordar, la falta de información para 14 municipios, además de que, en algunos otros municipios, se observó algún campo vacío, por lo que el programa solo registro 96 observaciones completas, como se observa en la tabla 1, la variable que presento mayor ausencia de datos registrados fue el índice de extorsión que solo presento información en 132 ocasiones. Además, es de notarse la alta desviación estándar en los datos recabados, que observa mínimos y máximos con una pronunciada diferencia, lo que nos lleva a la conclusión temprana de lo heterogéneo que es el estado de Tamaulipas.

Tabla 1
Estadísticas Descriptivas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SAGARPA y PGJET

Para probar la Hipótesis 1, se estimó el modelo econométrico donde la variable dependiente “Número de productores” está relacionada con las tasas de homicidios, secuestros y extorsión, además se eligió un modelo con efectos fijos, pues se estimó que el efecto individual de las variables tiene impacto o esta correlacionado con el efecto real del modelo (Greene, 2012).

Tabla 2
Resultados del modelo

**p<0.001; *p<0.05; §: no significativo (p>0.05)
Fuente: Diseño propio a partir de Stata 13

De acuerdo con los resultados obtenidos (tabla 2), por lo que el modelo explica 14.10% de la varianza, lo que quiere decir que el total de las variables predictoras (homicidios, secuestros y extorsiones) explica parcialmente la variable dependiente, solo en el caso de las tasa de extorsión, y dado el signo negativo del coeficiente de determinación, se demuestra que existe una relación negativa y significativa entre la tasa de extorsión y el desplazamiento de productores agrícolas. Además, El test de Wald, comprueba la capacidad explicativa de las variables en su conjunto.

Por otro lado, a pesar de que el modelo no permite probar completamente una relación significativa entre los delitos de alto impacto y el desplazamiento, mucho de lo cual se debe a la dificultad de obtener datos oficiales fidedignos lo que se comprueba que, de un total de 473 observaciones, el modelo solo pudo tomar 96 para la estimación de los resultados. Se concluye entonces, que se acepta la H1 de manera parcial al explicar entre el 10 y el 14%.

Para la hipótesis 2, se estimó el modelo econométrico donde la variable dependiente “Superficie producida” está relacionada con las tasas de homicidios, secuestros y extorsión, también se eligió un modelo con efectos fijos.

Tabla 3
Resultados del modelo

**p<0.001; *p<0.05; §: no significativo (p>0.05)
Fuente: Diseño propio a partir de Stata 13

De acuerdo con los resultados obtenidos (tabla 3), se puede apreciar que en relación con el modelo general el coeficiente de determinación (R2) promedio en el modelo es de 0.0275, por lo que se descarta dicha hipótesis, debido a la nula significancia de los delitos sobre la superficie producida. Además, El test de Wald, comprueba la capacidad explicativa de las variables en su conjunto, en la tabla 3, del resumen del modelo, éste presenta una prob>chi2 =0.8421, el cual está más cercano al 1, lo que determina que las variables seleccionadas como predictoras no explican la superficie producida.

De acuerdo con los resultados anteriores, se rechaza la H2, debido a la no significancia de los resultados del modelo.

El tema central de este trabajo es identificar el efecto de los delitos de alto impacto en el desplazamiento forzado de los productores agrícolas del estado de Tamaulipas en el periodo que corresponde de 2005 a 2015. El desplazamiento forzado ha sido un fenómeno que ha sido estudiado en otras partes del mundo, sin embargo, dichos estudios se han centrado en estudios cualitativos, debido a la naturaleza del fenómeno.

Bajo estas afirmaciones, existe evidencia inconclusa en la literatura, especialmente en estimar el efecto real de los delitos de alto impacto en el fenómeno del desplazamiento forzado. Además, de medir dicho efecto sobre un tema de índole alimentaria como es la producción agrícola y los efectos que dichos delitos tienen sobre el campo mexicano.

Este trabajo contribuye a la literatura del desplazamiento forzado proporcionando evidencia empírica de dicho fenómeno, pese a que los resultados no son estadísticamente significativos, sienta las bases de una metodología inicial para medir estadísticamente el efecto del desplazamiento sobre una población objetivo, en este caso, los productores del estado de Tamaulipas. De acuerdo con los resultados obtenidos, hay evidencia parcial más no definitiva del efecto de los delitos de alto impacto sobre el desplazamiento de los productores agrícolas. Por otro lado, esto no se refleja en la producción agrícola total, es decir, aunque disminuyan los productores, la producción permanece relativamente constante.

A pesar, del número reducido de observaciones válidas, se encontró para la H1 que puede ser aceptada parcialmente para la relación de la tasa de extorsión y el desplazamiento de productores agrícolas en Tamaulipas (R2=0.14, p<0.05), que es congruente con los resultados obtenidos en Centroamérica, Colombia y Perú, donde conflictos armados y delincuentes son factores de desplazamiento debido a la intimidación y extorsión que sufre la población.

Por otra parte, el hallazgo no significativo que arrojó esta investigación no permite concluir que los delitos de alto impacto como el homicidio y el secuestro, tengan un efecto negativo y significativo sobre el desplazamiento de los productores agrícolas en el estado de Tamaulipas en el periodo de 2005-2015. En este sentido, una de las principales razones por las cuales se considera que los resultados no fueron los proyectados de acuerdo con la literatura, es debido a que se observa una disminución de la muestra analizada debido a la falta de información entregada por los organismos encargados de medir los delitos de alto impacto.

Para futuros trabajos, se pretende recabar otras fuentes de información relacionada con los delitos de alto impacto, para realizar un estudio de panel más robusto con un número mayor de observaciones, que reduzca los efectos del error en los modelos estimados. Además se plantea integrar las perspectivas cuantitativas y cualitativas en un estudio de desplazamiento forzado para desarrollar un mayor conocimiento del fenómeno del desplazamiento forzado en México y en particular en el estado de Tamaulipas.

Por lo anterior, como futuras líneas de investigación, se debe considerar distintas fuentes de información a las oficialmente establecidas sobre todo en lo que respecta en los delitos de alto impacto. Además, dado que la población objetivo se estimó en un estado completo de México, se encontró de acuerdo con la estadística descriptiva, que los municipios eran muy heterogéneos en las cifras, por lo que se debe considerar estratificar la muestra para tener observaciones por estrato más homogéneas. También, se deben considerar distintas alternativas para las variables predictoras del desplazamiento de los productores agrícolas, como los son regulaciones gubernamentales, índice de pobreza, cifra negra de los delitos, competitividad, que permitan medir el desplazamiento forzado en razón de otras variables. Finalmente, se plantea estudiar otros sujetos de estudio distintos a los productores agrícolas, ya que se considera que el efecto de los delitos de alto impacto permean en el desplazamiento de otros tipos de comunidades, principalmente en la rama del comercio; reconociendo que el efecto negativo que trae esto para el país en razón de PIB generado por los comerciantes.

Los hallazgos de este trabajo presentan algunas implicaciones prácticas que son importantes para el fenómeno del desplazamiento forzado de los productores agrícolas. En primer lugar, el riesgo que enfrentan los productores agrícolas al aumentar los índices de delitos de alto impacto, aunque parcialmente probado debido a un pequeño coeficiente de determinación, pudiera ser mayor el efecto negativo para una mayor muestra. De esta forma, las entidades gubernamentales deben buscar estrategias que mitigue o disminuyan los índices de delitos de alto impacto debido al riesgo que implica el desplazamiento de productores agrícolas, el abandono de sus tierras de cultivo y el efecto que puede tener dicho fenómeno en la sustentabilidad alimentaria del país. En segundo lugar, de acuerdo con los resultados obtenidos, son los delitos de secuestro y extorsión los que tuvieron un efecto negativo sobre el número de productores, por lo que se insta a las entidades gubernamentales de seguridad a combatir dichos delitos de una manera más efectiva. Por otra parte, reconocemos el esfuerzo que realiza la SAGARPA, al extender apoyos a los productores agrícolas, sin embargo proponemos que deben existir políticas integrales tomando en cuenta que el fenómeno de la delincuencia es un impedimento para la disminución del desplazamiento forzado y por tanto para un aumento sustancial de la producción agrícola.

Por este motivo, el equilibrio de la balanza entre seguridad y apoyo gubernamental al campo se convierte en una sinergia crucial para que los productores agrícolas no sean desplazados, ya que estos generan beneficios tanto para ellos mismos como para su región y para el país.

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1. Doctorante en Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Investigador de cuerpo académico. Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias Educación y Humanidades. hsamano@docentes.uat.edu.mx

2. Doctora en Economía y Ciencias Sociales. Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias Educación y Humanidades. Universidad Autónoma de Tamaulipas.rlealr@docentes.uat.edu.mx