ISSN-L: 0798-1015 • eISSN: 2739-0071 (En línea)
https://www.revistaespacios.com Pag. 40
Vol. 42 (23) 2021 • Art. 4
Recibido/Received: 22/11/2021 • Aprobado/Approved: 09/12/2021 • Publicado/Published: 15/12/2021
DOI: 10.48082/espacios-a21v42n23p04
La necesidad de establecer políticas públicas
gubernamentales en Ecuador para garantizar el derecho a
la salud de los adultos mayores
Government public policies for access to the right to health of older adults
MONJE, Enma A.
1
SAN LUCAS, Maria F.2
Resumen
El derecho a la salud está garantizado por el Estado ecuatoriano, sin embargo, las instituciones que se
encuentran a cargo de responder por este, no garantizan la accesibilidad oportuna para los adultos
mayores. Por ello, es importante analizar las políticas públicas dirigidas a este sector. La metodología a
utilizar en la investigación es descriptiva. A través de métodos teóricos, se busca alcanzar resultados
que determinen la atención prioritaria por parte de las instituciones estatales que ofrecen el servicio de
salud.
Palabras clave: políticas publicas, adultos mayores, salud
Abstract
The right to health is guaranteed by the Ecuadorian State, however, the institutions in charge of
responding for it do not guarantee timely accessibility for the elderly. For this reason, it is important to
analyze the public policies directed to this sector, the methodology to be used in the research is
descriptive through theoretical methods, it seeks to achieve results that determine the priority attention
on the part of the state institutions that offer the health service .
Key words: public policies, seniors, health
1. Introducción
Las políticas públicas son consideradas como herramientas para resolver problemáticas de determinados grupos
de personas (Aguilar 2015); en tal sentido, una política pública es un medio usado por los Estados usan para
garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de las personas. Para la Organización Panamericana de la
Salud (1997), las políticas públicas, deben priorizar a los sectores más vulnerables, sin excluir a ningún grupo,
sobre todo de aquellos considerados como vulnerables.
1
Estudiante de la Maestria en Derecho,mención Gestión Pública. Pontificia Universidad Católica. Ecuador sede Ambato. Correo electrónico de
contacto:aliciamonje2012@hotmail.com.
2 Docente.Pontificia Universidad Católica. Ecuador sede Ambato. Correo electrónico de contacto: msanlucas@pucesa.edu.ec
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De acuerdo con Abarca (2002), a nivel mundial, durante los años noventa, algunos países implementaron
políticas en beneficio de los adultos mayores y procedieron a la promulgación de leyes específicas para este
grupo de personas, y realizar reformas a nivel constitucional en las cuales se incorporaron beneficios para los
adultos mayores. Fruto de estos procesos, se da el reconocimiento del año internacional de las personas mayores
en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizada en Madrid en el año 2002. Se prevé que la aplicación
de la Estrategia Regional impulsará el desarrollo de nuevas iniciativas en favor de las personas mayores en el
futuro cercano.
De lo que establece en la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el artículo 141, corresponde a los
ministerios del Estado, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo basadas en un enfoque de
Derechos Humanos.
Las políticas públicas orientadas a los adultos mayores y su accesibilidad al sistema de salud pública, en Ecuador,
suelen ser deficientes, debido a los engorrosos trámites administrativos. Conforme lo manda la Constitución de
la República del Ecuador, el derecho a la salud específicamente de los adultos mayores, debería ser gratuito,
seguro y eficiente, pero esto no se cumple, por lo que es necesario establecer políticas públicas eficaces que
permitan alcanzar su cumplimiento.
Para Duval (2019), la salud se refiere a aspectos como: vida digna, calidad alimentaria, accesos a servicios
básicos, vivienda y condiciones óptimas para desempeño laboral, además es un derecho reconocido tanto en la
Constitución como en los Tratados Internacionales. Por ello el Estado debe disponer de políticas pública
orientadas a mejorar este problema crítico que se afronta en la actualidad.
Esto amerita ser investigado y reviste importancia puesto que implica la accesibilidad a un servicio integral que
afecta los aspectos de la vida cotidiana de los adultos mayores y por tanto, se puede alertar y prohibir conductas
que se perciban como riesgosas, alcanzar mayores beneficios, precautelar derechos y realizar actividades que
beneficien a este importante grupo de la sociedad. Por estas razones consideramos necesario realizar un estudio
de las políticas existentes en Ecuador, para plantear soluciones a las necesidades de los diferentes sectores que
requieren mayor atención por parte del sistema sanitario, en particular para las personas adultas mayores.
1.1. Políticas Públicas
Huenchuan (2009), refiere a las Políticas Públicas como un factor importante en el manejo gubernamental, sobre
el acceso que brinde a servicios y bienes de calidad especialmente sobre determinados grupos y personas que
forman parte de una sociedad. Por otro parte, Cicogna (2020), menciona que las políticas públicas, son una serie
de normas y respuestas que permiten al Estado tener injerencia en determinados sectores significativos para la
sociedad para brindar soluciones agiles y oportunas a ciertas problemáticas de determinados grupos de
personas.
En este sentido, Montenegro (2020), establece que las políticas públicas son soluciones específicas planteadas
por autoridades del Estado para frenar problemáticas que afectan gravemente los derechos de las personas, en
especial de los grupos más vulnerables. Finalmente, con relación específica al tema a tratar es importante
mencionar lo dicho por Huenchuam (1999), citado por Guzmán (2005, p.14), “las políticas de vejez son aquellas
acciones organizadas por parte del Estado frente a las consecuencias sociales, económicas y culturales del
envejecimiento poblacional e individual”.
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1.2. Políticas Públicas de atención al adulto mayor
En el año 2007 el Ministerio de Salud Pública (MSP) promulgó la política de salud, centrada en la familia y la
comunidad, con enfoque intercultural de género, intergeneracional y territorial, basado en los principios de la
atención primaria en salud, acorde a los derechos y deberes establecidos en la Constitución de la República del
Ecuador. En el antes mencionado modelo se toma en cuenta a los adultos mayores como sujetos de derechos y
de atención prioritaria.
La Política Nacional de Salud en Ecuador, en relación al grupo de adultos y adultos mayores, busca descentralizar
la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, como ente rector de la salud, dando estas competencias a las
siguientes instituciones: la Dirección Nacional de Gerontología del Ministerio de Inclusión Social, de cada
provincia, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Dirección Nacional del Adulto Mayor, para brindar
atención a los jubilados. En cada provincia del país existe un delegado que, en esta dirección, elabora los
programas y proyectos de atención a los jubilados. Por otra parte, los Gobiernos Autónomos Descentralizados
tienen como obligación incluir programas y proyectos para atender a los adultos mayores no jubilados y se
encuentra regulado por el artículo 19 de la Ley del Adulto Mayor.
1.3. Adulto mayor
Zafra (2006), menciona que la Organización Mundial de la Salud considera a las personas de 60 a 74 años como
edad avanzada y de 75 a 90 años ancianos, y los mayores de 90 se les denomina grandes longevos. Además
refiere que las personas mayores de 60 años se le llamará personas de la tercera edad; sin embargo, esto
dependerá mucho del país y la calidad de vida de la persona. Esta es una realidad en la cual se consideran
aspectos sociales, culturales y fisiológicos. En el siglo XIII se consideraba que una persona era vieja a los de treinta
años, en el siglo XIX, se consideraba vieja a los cuarenta años, sin embargo, en la actualidad la edad a partir de
la cual una persona es considerada como un adulto mayor está en entredicho.
Los adultos mayores en Ecuador representan un 4.2% de la población total y se estima que para el 2050, alcance
al 16%. La primera encuesta de Salud, Bienes y Envejecimiento (SABE I), permite realizar un análisis de las
condiciones de salud en las que se encuentran los adultos mayores, Alli se verificó que un tercio vive en
condiciones económicas malas, puesto que si bien percibe recursos de sus familiares deben buscar por sus
propios medios la manera de sobrevivir, lo que implica que tengan limitado servicio de salud (Carrión, 1986;
INEC, 2011).
Se debe agregar que la realidad del adulto mayor en Ecuador es lamentable, puesto que de acuerdo al Censo de
Población y Vivienda del INEC 2010, se establece que el 57,4 % de la población adulta mayor se encuentran en
una condición de extrema pobreza. Esto demuestra que los adultos mayores de Ecuador viven en una situación
socio económico deplorable y no pueden aspirar a una vejez digna. Un alto porcentaje de esta población no
cuenta con ingresos económicos fijos como el de una jubilación o pensión y se ven en la obligación de trabajar
en su vejez.
1.4. Derechos de los adultos mayores
En la Convención Interamericana de Derechos Humanos (1977), se menciona la protección de los derechos
humanos de los adultos mayores y el derecho a la vida, a la independencia, la seguridad, educación, salud, entre
otros, que deberían ser respetados y cumplidos de manera obligatoria por los Estados.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), figuran algunos derechos fundamentales como la
igualdad y la prohibición de discriminación por cualquier condición, el derecho a la seguridad social, a un nivel
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de vida adecuada, asistencia médica y a los servicios sociales necesarios. Todos estos derechos son extensibles a
las personas adultas mayores y de importancia fundamental para el desarrollo de las libertades en la vejez.
El Protocolo de San Salvador (1988), en el artículo 17, establece de manera específica medidas a favor de los
adultos mayores, también las Asambleas Mundiales sobre el Envejecimiento (Viena 1982 y Madrid 2002),
exhortan a los gobiernos que incorporen los veinte principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de
edad que se refieren a tener acceso alimentación, vivienda, vestimenta, salud, oportunidad de trabajo, acceso
a programas de educación, integración en la sociedad, aplicación de políticas favorables, promover grupos
asociaciones, acceso a servicios sociales que le permitan mantener un nivel físico y metal adecuado. El Protocolo
de San Salvador es un instrumento vinculante para los países de América Latina y el Caribe, por lo que sus
disposiciones son de obligatorio cumplimiento para los Estados.
El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), en el artículo 3, menciona la obligación de los
Estados de brindar una atención especial a los adultos mayores, creando subsidios o cualquier tipo de ayuda,
especialmente para el acceso al servicio de salud y otros servicios básicos que son indispensables para alcanzar
un nivel de vida óptimo.
La Constitución de la República del Ecuador (2008), en el artículo 23, numeral 2, determina que el Estado
ecuatoriano debe adoptar medidas para erradicar y evitar cualquier tipo de violencia contra las personas de la
tercera edad, en concordancia con el artículo 53 que dispone que los adultos mayores tienen derecho a asistencia
especial que les asegure un nivel de vida digno, atención integral de salud gratuita y tratamiento preferente.
Es importante señalar que, en la ley del anciano (2006), refiere que: el Estado protegerá de modo especial, a los
ancianos abandonados o desprotegidos, asimismo, fomentará y garantizará el funcionamiento de instituciones
del sector privado que cumplan actividades de atención a la población adulta mayor, con sujeción a la presente
Ley, en especial a aquellas entidades, sin fines de lucro, que se dediquen a la constitución, operación y
equipamiento de centros hospitalarios gerontológico y otras actividades similares (art.3).
De acuerdo a la normativa antes mencionada corresponde a los Estados, adoptar los diferentes mecanismos para
hacer efectivos los derechos de los adultos mayores, mismos que se encuentran reconocidos tanto en la Carta
Magna como en las leyes especiales.
1.5. El derecho al acceso a la salud de los adultos mayores
La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social
y no meramente como la ausencia de enfermedades o padecimientos. Llegar a la vejez gozando de buena salud
y bienestar requiere un esfuerzo personal durante toda la vida y un entorno en el que ese esfuerzo pueda tener
éxito.
Se debe agregar que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en su artículo 25, describe
que todo ser humano tiene derecho a un nivel de vida adecuada que asegure la salud, la asistencia médica, los
servicios sociales necesarios y el acceso a seguros, en consecuencia, el antes mencionado derecho es inherente
al bienestar, sin la adecuada cobertura, no se puede acceder al servicio.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), en su artículo 11, refiere que toda
persona tiene derecho a preservar su salud, la asistencia médica y sanitaria de acuerdo a la disponibilidad de los
recursos públicos; en este artículo se puede deducir que el principal responsable de suministrar el servicio
sanitario es el Estado independientemente de las posibilidades económicas de cada individuo.
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), establece que el disfrute de la salud
debe darse en su nivel más alto posible, bajo dos aristas, la mental y la física, es decir, no basta la armonía del
cuerpo como existencia orgánica, sino también de la psíquica, de modo que, los Estados se comprometen a la
creación de condiciones que asegure a todos los ciudadanos la asistencia médica y servicios médicos en caso de
enfermedad, sin importar su edad o su condición económica.
Se debe agregar que el Estado debe garantizar el derecho a la salud de los adultos mayores que tengan una
atención prioritaria y especializada, ya sea, en las casas de salud públicas o privadas, poner énfasis en el ámbito
de la inclusión social, económica, y protección contra la violencia; así también, son reconocidas como personas
adultas mayores aquellas personas que han cumplido los sesenta y cinco años de edad.
Cabe mencionar, además, que este grupo considerado como vulnerable tienen los siguientes derechos:
atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas; el trabajo remunerado en
función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones; la jubilación universal; rebajas en los
servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos; exenciones en el régimen tributario;
exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley; el acceso a una vivienda que
asegure una vida digna, respeto a su opinión y consentimiento, según los artículos 32, 36, 37 de la Constitución
de la República del Ecuador (2008).
La Ley Orgánica de las personas adultos Mayores (2019), en los artículos 9,46 y 59, menciona que uno de los
deberes principales del Estado es brindar una atención prioritaria a los adultos mayores tanto en las instituciones
públicas como privadas, sobre todo aquellos que padecen enfermedades catastróficas, además refiere que
tienen derecho a recibir medicamentos de manera gratuita y el acceso al servicio de salud de manera oportuna
y de calidad.
El Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar la salud de toda su población; cabe señalar que, se ha
determinado niveles de desigualdad, específicamente en los adultos mayores, sin embargo, en los últimos años
se observa un descenso importante; mientras el índice de Gini a finales de 2003 fue 0.627, para finales de 2011,
llego a 0.473 según la Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo – Instituto Nciional de Estadisticas y
Censos (SENPLADES-INEC, 2011).
Huenchuan (2009), menciona que el acceso al derecho a la salud y a la calidad de vida de las personas adultas
mayores se ve limitada por dos factores, el nivel educación y el nivel socioeconómico. A mayor nivel de educación
las personas tienen mayor posibilidad de acceder a un trabajo mejor remunerado y acceso al seguro universal;
mientras que, las personas con menor nivel educativo, tienen menor posibilidad de acceder al servicio de salud,
debido a que, obtienen trabajos informales y ningún tipo de seguro social.
De lo descrito en el párrafo anterior se puede colegir que, las personas adultas mayores tienen mayor posibilidad
de obtener una mejor calidad de vida al llegar a su vejez, gracias a su propio esfuerzo y no a una política pública
o programa del gobierno central. Al llegar a la vejez los únicos ingresos que tienen las personas del sector rural
son el apoyo familiar y lo poco que pueden producir en sus tierras.Por ello, el acceso a la salud no es equitativa
Cuando preguntan a las Personas Adultas Mayores (PAM) sobre su percepción de su condición de salud se hace
evidente que a medida que se incrementa la edad, la percepción de mala salud se incrementa y alcanza (entre
las personas de 75 años y más de edad) a un cuarto del grupo de encuestados. En este contexto, las percepciones
son importantes porque son hechos sociales que afectan en forma directa e indirecta las decisiones y acciones
que se toman frente a las condiciones objetivas de la salud (SABE, 2009-2010).
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2. Metodología
2.1. Tipo de Investigación
El tipo de investigación utilizada fue la descriptiva y se centra en medir los conceptos o variables a los que se
refieren, con la mayor precisión posible, con la finalidad de obtener las opiniones y puntos de vista de las
personas, Hernández (2003).
2.2. Enfoque de la investigación
El enfoque utilizado fue el cualitativo. La presente investigación se basa en datos demográficos de estudios
previos y de información descargada de los organismos oficiales internacionales como: la Comisión Económica
para América Latina(CEPAL), Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), organismos oficiales
nacionales, Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), La encuesta nacional de salud, bienestar y
nutrición de las personas adultas mayores ecuatorianas, que se realizó por primera vez en 2010, el Ministerio
de Inclusión Económica y Social (MIES) y en libros relacionados con la temática para valorar la accesibilidad que
tienen los adultos mayores a los servicios de salud.
2.3. Nivel de investigación
La investigación relaciona tres parámetros investigativos: descriptiva, transversal y social.
Es descriptiva, porque permite investigar una situación especifica, lo más importante en relación a la aplicación
de las políticas públicas gubernamentales en relación a los adultos mayores. Transversal, por lo que a través de
la investigación se busca analizar la problemática existente en Ecuador y, por otra parte, es macro social porque
comprende a todo el país, puesto que es importante realizar un análisis de las Políticas Públicas Gubernamentales
en relación a toda la poiblación de los adultos mayores.
3. Resultados y discusión
Estudios realizados demuestran que la población adulta mayor es cada vez más extensa. Esto se da a
consecuencia los avances en prevención y atención en salud en algunos naciones, al descenso de la mortalidad
y al aumento de la esperanza de vida que al transcurrir el tiempo se incrementa. Se debe agregar que, según
estudios y análisis de tendencias del crecimiento de la población envejecida, esta representa el 10% de la
población de Latinoamérica. Resultados parecidos se obtuvieron en Perú y Ecuador, según la Encuesta
Demográfica y de Salud Materno Infantil, ENDEMAIN (2004). Las personas adultas mayores que no acceden al
derecho al servicio de salud por falta de recursos económicos, llega al 68% entre los 60 a 74 años y al 82% en
las personas mayores de 75 años. Además, la encuesta indica que el 80,8% de los ecuatorianos no tienen ningún
tipo de seguro; solo el 19,2 % están afiliados, de estos el 7,5% están cubiertos por el seguro general del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y el 7,7% por el Seguro Social Campesino (SSC).
El Ecuador es considerado como un país con un buen nivel de desarrollo; según el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo PNUD (2011), su índice de desarrollo en 2011 fue de .720, que coloca el país en el
puesto 83 de 187 naciones. Sin embargo, todavía persisten altos grados de desigualdad, que afectan de manera
directa a una proporción considerable de las PAM.
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Cuadro 1
Indice de condiciones sociales de las
personas adultas mayores por región
Fuente: Freire (2010)
Se deduce en el cuadro 1 que un tercio de las PAM viven en condiciones malas o son indigentes; siendo la
proporciones más alta en el área rural, especialmente en la sierra.
Al observar los datos de Quito y Guayaquil, se determina que una mayor proporción de las PAM se ubica en los
estratos de condiciones muy buenas y buenas, a la vez que la proporción que vive en condiciones malas o de
indigencia son más bajas. También se nota que Quito tiene una tasa más alta de PAM que vive en condiciones
buenas o muy buenas que Guayaquil, así también se determina que el 68,3% de la población adulta mayor no
tiene ningún seguro de salud, mientras solo el 28,2% son beneficiarios del sistema de seguridad social, porque
formaron parte, en su vida laboral, del sector formal de trabajo.
Cuadro 2
Lugar al cual acuden los adultos mayores al considerse
enfermos en el último año por grupo de edad (%).
Lugar de atención
60 a 64
65 a 74
≥ 75
Total
No estuvo enfermo
18.0
16.5
12.9
15.7
Enfermo, pero no consultó
6.2
7.0
6.7
6.7
Establecimiento público
29.8
29.1
30.9
29.9
Establecimiento Privado
37.7
39.3
39.3
38.9
Botica
2.7
2.4
2.8
2.6
Naturista
1.0
1.5
2.2
1.6
Otro
4.6
4.1
5.3
4.7
Total
100.0
100.0
100.0
100.0
Fuente: Freire (2010)
En el cuadro 2 se desprende primero que uno de cada cinco PAM reporta que no se enferma o que, al enfermarse,
no acude a ningún servicio de salud. Esto se debe a que no tienen los recursos necesarios o se auto medican.
Segundo, se observa que una proporción más alta de PAM en todos los grupos de edad prefiere acudir a un
servicio privado que un servicio público que, al menos nominalmente, es gratuito. Esto se da por la mejor calidad,
atención y accesibilidad al servicio sanitario privado.
El uso de servicios privados de salud, contextualizo con la información presentada en el cuadro, demuestra que
la razón principal (de dos de cada tres PAM) por no acudir a un servicio ambulatorio de salud es la falta de dinero.
Este hallazgo no solamente refleja el uso de servicios privados en donde el paciente paga todos los costos, sino
también los servicios médicos públicos, cuyo uso implica costos directos.
Índice de condiciones socioeconómicas (%)
Muy
Buenas
Buenas
Regulares
Malas
Indigentes
Total
12.7
19.7
52.6
2.1
12.9
100.0
0.9
4.9
27.4
17.9
48.9
100.0
7.8
11.2
54.3
4.6
22.1
100.0
1.1
4.2
34.0
22.3
38.3
100.0
31.8
24.8
37.3
2.1
4.0
100.0
16.8
10.3
54.8
10.4
7.6
100.0
10.9
12.1
43.8
9.8
23.5
100.0
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Cuadro 3
Razón por la que no acude al servicio médico
Razón
% de respuestas
Falta de transporte
2.5
No tuvo tiempo
2.0
No tiene dinero
67.5
La atención no es buena
4.7
Otras razones
23.3
Total
100.0
Fuente: Freire (2010)
Del cuadro 3 se puede establecer que más del 50% de la población adulta mayor no puede acceder al servicio de
salud por no contar con suficientes ingresos económicos. Con este dato se puede determinar lo importante
que el Estado ecuatoriano establezca una política pública eficaz para dar solución a esta problemática.
Se puede establecer de acuerdo a los párrafos anteriores que el factor determinante para el acceso al derecho a
la salud de los adultos mayores es el económico y que también depende cuan asequible son los sistemas de salud
de cada país. Por ello, los gobiernos deben enfocarse en la implementación de políticas públicas y programas
que ayuden a las personas adultas mayores y que puedan obtener ingresos adecuados de acuerdo a las
necesidades propias de su edad.
Los sistemas de salud deben ser más accesibles a las personas de los grupos vulnerables, en especial para las
personas adultas mayores, que dan lo mejor de sus años y aportan al desarrollo de su país; se puede mejorar la
accesibilidad y la atención con la eliminación de la burocracia, la especialización de los profesionales en geriatría,
incentivar a los jóvenes hacia el estudio de geriatría, capacitar de manera permanente a los profesionales que
se encuentran al servicio de las personas adultas mayores y la eliminación de las desigualdades de acceso; por lo
que los Estados, fundamentándose en las normas internacionales y nacionales de cada país, deben garantizar el
derecho a la accesibilidad y la calidad del servicio de salud especializada y gratuita para las PAM.
En la situación delicada que se vive en la actualidad debido a la pandemia del COVID-19, se ha puesto a prueba
el sistema de salud de los diferentes países del mundo y la accesibllidad que tienen a ellos especialmente los
grupos vulnerables. Se puede deducir que el nivel socio económico es importante para acceder a una atención
y medicamentos de calidad para solventar su situación de salud por la pandemia, mientras que las personas
que tienen bajos ingresos económicos se auto medican o simplemente mueren en sus hogares. “Las Personas
Mayores tienen mayor mortalidad ante esta infección. Hasta el 15 de abril del 2020 el 66% de fallecidos eran
mayores de 60 años, siendo la letalidad en este grupo poblacional de 8,8 % mientras que la letalidad general es
de 2,% (Parodi & Runzer, 2020).
La población adulta mayor en Ecuador es el 10% de la población en general, o sea alrededor de 1.662.000
personas. De acuerdo el Boletín Estadístico del INEC de 2018, 468.717 están registrados como pensionistas de
jubilación, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sea por montepío, invalidez, riesgos de trabajo
y por vejez y el número de jubilados es 359.113. Estas cifras demuestran que, del total de la población adulta
mayor, solo el 21.60%, gozan de un sustento para sus años de retiro, al mismo tiempo que menos del 30% de la
población adulta mayor en el Ecuador poseen un ingreso fijo al finalizar el mes, el resto debe buscar la manera
de conseguir ingresos los mismos que por la pandemia del COVID-19 que se atraviesa, son prácticamente
imposibles de conseguir por el confinamiento y las restricciones.
Con lo antes descrito se deduce que las políticas y programas instauradas por los gobiernos para lograr la
accesibilidad a los servicios de salud son poco eficaces y más aún en tiempos de COVID-19 que el Estado
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ecuatoriano establece un plan atención domiciliaria a personas adultas mayores. Es importante señalar que en
el Ecuador la población mayor a 65 años de edad asciende a 1.049.824 de personas que corresponde al 6,5% del
total de la población. En el año 2020 se espera que incremente al 7,4% y para el año 2054 se prevé que
representen el 18% de la población; para las mujeres la esperanza de vida será mayor con 83,5 años comparado
con los 77,6 años de los hombres. En este período de vida, existe mayores limitaciones para acceder a recursos
de subsistencia y se incrementa las necesidades de atención, así también se determina que el 45% (424.824) de
la PAM se encuentra en condiciones de pobreza y extrema pobreza, el 42% (395.180) vive en el sector rural, el
14,6% de hogares pobres se compone de un adulto mayor viviendo solo, el 14,9% son víctimas de negligencia y
abandono, el 74,3% no accede al seguro social. (INEC,2013).
Se puede deducir que la PAM, a medida que transcurre los años, se incrementa por el aumento en la esperanza
de vida de las personas, así también, se colige que las políticas integrales implementadas por el Estado
ecuatoriano tienen deficiencias debido que existe un alto porcentaje de personas adultas mayores que se
encuentran en condiciones de pobreza y extrema pobreza; como se puede apreciar en los párrafos que
anteceden y encuestas, estadísticas realizadas por diferentes instituciones, un factor importante para el no
acceso a un servicio de salud es la situación económica.
4. Conclusiones
Alcanzar una vejez digna para los adultos mayores es un proceso constante, arduo y dinámico. El Estado
ecuatoriano no ha podido alcanzar este objetivo para sus ciudadanos adultos mayores debido a políticas públicas
poco eficaces, sobre todo en el ámbito de la salud, por lo que es necesario ampliar la cobertura y fortalecer la
calidad de los servicios de atención integral a personas adultas mayores.
En gran parte, los patrones de salud y bienestar al interior del país se deben a los altos niveles de pobreza y
desigualdad, tanto en los ingresos como en el acceso y uso de los servicios de salud, situación que se agudiza en
el Ecuador por las defectuosas políticas orientadas al bienestar de los adultos mayores.
Es crítico el acceso a servicios de salud apropiados, adecuados y aceptados, debido a una serie de factores como
las desfavorables condiciones socioeconómicas de un gran porcentaje de población adulta mayor, a la no
existencia de los servicios o el estar incompletos, a las dificultades económicas por costos y a la no disponibilidad
de seguros de salud.
Se concluye que existen deficiencias en el sistema de salud para lograr un efectivo acceso al derecho a la salud
gratuita, prioritaria y especializada, debido que existe burocracia para acceder al servicio, el personal que atiende
a este grupo de personas vulnerables no son especialistas o existen muy pocos especialistas en el área, además
por parte del Estado y las Universidades no existe un incentivo hacia los jóvenes para que se especialicen en
geriatría y/o gerontología.
Se concluye que para mejorar la atención y accesibilidad al servicio sanitario y para cumplir con el derecho que
tiene la población adulta mayor a medicamentos y servicio de salud especializada y gratuita, se implementen
campañas de atención preventiva domiciliaria por parte del Ministerio de Salud, reducir o eliminar la burocracia
por parte de los Centros y Hospitales de Salud Pública y que el Ministerio de Salud y las Universidades debrían
aunar esfuerzos para promover la especialización de los profesionales en geriatría y gerontología.
Cabe señalar que el MIES junto con el Ministerio de Educación pueden incentivar a los jóvenes para que desde
sus inicios su meta sea el estudio de geriatría. El Ministerio de Inclusión Económica y Social al mismo tiempo con
el Ministerio de Salud Pública capaciten de manera permanente a los profesionales que se encuentran al servicio
de las personas adultas mayores y que el Ministerio de Economía y Finanzas promueva la eliminación de las
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desigualdades de acceso por razones económicas implementando programas para mejorar la economía PAM; y
finalmente, el MIES, mediante campañas de concientización, estimular a las familias que sientan empatía por
sus abuelitos y no los abandonen a su suerte. Tarde o temprano, todos seremos parte de este grupo vulnerable.
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