ISSN-L: 0798-1015 • eISSN: 2739-0071 (En línea) - Revista Espacios – Vol. 42, Nº 18, Año 2021
ANGULO, Lizandro «¿Quo Vadis, televisión comunitaria? Presente y futuro de esta TV de proximidad a
partir del análisis de la normativa audiovisual en cuatro periodos presidenciales de Colombia»
informe a la ANTV y remita copia del plano esquemático, sin que pueda superar los límites geográficos del
respectivo municipio (Parágrafo 2 del Artículo 14). Lo que no precisa es a cuántos nuevos asociados puede
aspirar.
Otra modificación es sobre el valor de compensación. En la Resolución 433 de 2013 estipula que el operador
comunitario debe pagar a la ANTV un porcentaje por cada asociado, en tanto que la Resolución 650 manifiesta
que este valor se calculará de acuerdo con los ingresos brutos mensuales provenientes de la explotación del
servicio de TV y según la cantidad de habitantes del municipio (Artículo 16), así: entre 1 y 20.000 habitantes, se
pagará el 0,20% de los ingresos brutos mensuales; entre 20.001 y 100.000 habitantes, el 0,40% y más de 100.001
habitantes, el 4%. Cuando los ingresos brutos mensuales sean superiores a 127 salarios mínimos legales vigentes
en Colombia (equivalentes a $111.480.981 de 2020, US33.458 americanos), el valor de la compensación será del
5,9%, independientemente del número de habitantes. Esta disposición alivia la carga económica de estas
televisiones, puesto que en la Resolución anterior debían pagar más dinero a la ANTV e, incluso, es más
económica con respecto a lo previsto en el Acuerdo 009 de 2006, en el que se debía pagar el 1% por cada canal
codificado que se emitiera.
En producción propia, la Resolución 650 indica que se deben producir entre tres y seis horas semanales,
dependiendo del número de asociados y no del tiempo de funcionamiento del canal comunitario, como lo
establecía la Resolución 433. Lo que no cambia es el número de canales codificados que puede ofertar, siete, con
lo que los sistemas comunitarios pierden competitividad frente a las TV por suscripción cuya oferta es ilimitada.
Con la Resolución 650, el gobierno Santos trata de recuperar el modelo de televisión comunitario para que
cumpla con lo expresado en el punto 2.2.3 de los Acuerdos de La Habana del 2016:
En un escenario de fin del conflicto, los medios de comunicación comunitarios, institucionales
y regionales, contribuirán al desarrollo y promoción de una cultura de participación, igualdad
y no discriminación, convivencia pacífica, paz con justicia social y reconciliación, incorporando
en sus contenidos valores no sexistas y de respeto al derecho de las mujeres a una vida libre
de violencias (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016, p. 45).
4.4. La televisión comunitaria en la presidencia de Iván Duque Márquez (2018-)
La Ley 1978 de 2019, recientemente sancionada por el presidente Duque, delinea el futuro de la televisión, de la
televisión comunitaria, así como de la radiodifusión en el país. Ciertamente, la norma crea las condiciones para
que el capital privado nacional e internacional invierta en infraestructura de internet, de manera que este
servicio llegue a las zonas rurales y alejadas, donde habita gran parte de la población pobre y vulnerable de
Colombia (Artículo 1). Esto significa que el Gobierno Duque considera que el porvenir de la comunicación
audiovisual está en la televisión por internet mediante la tecnología 5G, la cual multiplica las velocidades actuales
de acceso y transmisión de la información.
La Ley permite que los operadores de televisión en Colombia, como la TV comunitaria y excepto la televisión
pública, pasen de la modalidad de contrato por concesión (permiso, otorgamiento o derecho para el uso del
espectro electromagnético por 10 años) a la de la adquisición de títulos habilitantes (permiso por 20 años), con
lo cual se busca más seguridad jurídica para los inversores (Artículo 10). Aun así, todos ellos tendrán que pagar
un 1,5% de sus ingresos brutos anuales para la instalación, ampliación, modificación, operación y explotación de
las redes provistas por el Estado con las que se fortalece el Fondo Único de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación y desde donde se destinan recursos para financiar los servicios de internet, radiodifusión sonora
y TV pública. El documento advierte que en los últimos cuatro años la TV pública se ha desfinanciado en un
11,2%, por lo que es necesario inyectarle más recursos para que sea sostenible. El permiso u otorgamiento del