Eva Stal
El proceso de privatización adoptado por el gobierno a partir de la década de 90 contribuyó para atraer empresas transnacionales, que instalaron aquí sus fábricas, especialmente en los sectores de informática y telecomunicaciones. Esas empresas fabrican productos globales para el mercado interno, además de exportarlos para América Latina (Grynszpan, 1999).
Entretanto, para aumentar el valor agregado de los productos fabricados aquí, es importante que esas empresas traigan para acá sus centros de I&D, lo que está siendo inducido por la Ley de Informática vigente. Con eso, será necesario que las universidades también sean competitivas, relacionadas a las universidades de otros países, para que puedan constituir pares con los centros de I&D de las empresas.
Desde que fue promulgada la ley 8.248/91 y, posteriormente, su substituta (ley 10.176/01), el gobierno dio muestras de preocuparse con dos aspectos importantes y complementarios para la posesión de los incentivos fiscales – la atracción de empresas productoras de bienes y servicios y la obligatoriedad de inversiones en I&D, fundamental para la calificación de profesionales. En sintonía con las reglas internacionales de la Organización Mundial del Comercio, esta legislación estimula la innovación y la cooperación universidad /empresa.
Con la aplicación de la ley 8.248, entre 1993 y 1999, cerca de 100 nuevas empresas se instalaron aquí, en su mayoría grandes nombres internacionales, que hoy producen bienes de informática en varias regiones. Fueron generados 30 mil empleos, y las inversiones en I&D fueron del orden de R$ 2,6 mil millones. El saldo entre los impuestos federales pagados y renunciados por las empresas incentivadas fue de R$ 3,2 mil millones, y 299 empresas recibieron incentivos (SEPIN, 2000)
Aún más, según la información de SEPIN, el segmento de software fue objeto de una política estructurante, a partir de 1994, que se basó en la inversión maciza en formación de recursos humanos y distribución de núcleos e incubadoras por todo el país, como apoyo a las empresas nacientes.
Investigación de SOBEET realizada en 1998 y publicada en 2000, sobre las actividades de innovación de las empresas transnacionales en el país, reafirma el consenso de que las empresas transnacionales que operan en países emergentes no realicen actividades innovadoras stricto sensu, trabajando más en la adaptación de productos y procesos; sin embargo necesitan acompañar, de cerca, los patrones tecnológicos de sus pares internacionales.
Por esa razón, SOBEET utilizó en su investigación los conceptos de innovación y de capacitación tecnológica definidos en los manuales Frascati y Oslo, concebidos por OCDE, donde la capacitación tecnológica engloba gastos con soporte y apoyo tecnológico para la I&D, con la adquisición de tecnología y con ingeniería no rutinaria, cubriendo, así, gran parte del espectro de las actividades de las empresas transnacionales en el país.
Muchas de esas actividades no son consideradas I&D en el sentido estricto, pero se encuadran en el concepto de “I&D&E” o “I&D Amplio” que ANPEI (Asociación Nacional de Investigación, Desarrollo e Ingeniería de las Empresas Innovadoras), entidad responsable por la colecta y tratamiento de las informaciones de las empresas brasileñas, utiliza en su base de datos. El documento “Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación en São Paulo – 2001”, recientemente lanzado, también hace uso de ese concepto ampliado, que es la suma de los conceptos de innovación y capacitación tecnológica definidos por OCDE y adoptados por SOBEET en su investigación.
Las actividades consideradas en la Ley de Informática como “investigación y desarrollo en tecnología de la información” (TI) también son bastante alcanzados:
Son encuadrados como gastos de investigación y desarrollo aquellos realizados en la ejecución o contratación de esas actividades, a los cuales se refieren:
También, las entrevistas realizadas por nosotros muestran que ese cuadro está, poco a poco, modificándose. Así mismo la expresión “I&D” donde el desarrollo es más grande que la investigación, ya existen actividades de innovación que, en algunas empresas, se traducen por la participación del centro brasileño en el esfuerzo mundial de I&D de la empresa, constituyéndose en un centro de excelencia para el desarrollo de determinados productos.
Según SOBEET (op.cit.), entre los factores determinantes de la decisión de invertir en I&D se destacan la reducción de los costos de producción, seguida de la mejora de la calidad del producto y de la búsqueda de nuevos mercados.
Esa investigación muestra también que, entre diez condicionantes que afectan la decisión de invertir en innovación, las empresas apuntaron en los cuatro primeros lugares la “calidad de la mano de obra especializada” y la “calidad de la mano de obra de nivel universitario” (empatadas en primer lugar), seguidas de la “disponibilidad de la mano de obra de nivel universitario” y de la “disponibilidad de la mano de obra especializada”.
Los “incentivos fiscales para I&D” aparecen apenas en noveno lugar, seguidos por “fuentes de financiamiento apropiadas”. Esto porque ellos son estímulos para la innovación solamente en el caso de que la estrategia de la matriz sea la de descentralizar su actividad innovadora; en este caso, los factores determinantes, citados anteriormente, prevalecen.
Es interesante hacer resaltar que la Ley de Informática brasileña prevé incentivos fiscales para el desarrollo o la producción en el país de bienes y servicios de informática y automatización, una vez que reduce substancialmente el valor del IPI4, heciendo los productos fabricados aquí más baratos y, por lo tanto, más competitivos. Las inversiones en I&D son una exigencia de contrapartida para las empresas, y buscan fomentar las actividades de innovación internas o a través de convenios entre empresas e instituciones de enseñanza e investigación, reflejando la preocupación del gobierno por la calificación de recursos humanos, que constituye un factor esencial para la atracción de nuevas empresas para el país.
Una de las grandes frustraciones nacionales, en los últimos años, fue la pérdida de la fábrica de chips de INTEL para Costa Rica. Y eso se debió a la falta de una política industrial para la atracción de inversiones de punta (Nassif, 2002), en especial por la demora en la aprobación de la nueva Ley de Informática, que substituiría la anterior, cuya vigencia había expirado en 1999 y cuyos incentivos estaban siendo precariamente mantenidos a costa de medidas provisorias. Ese hecho llevó a muchas empresas a postergar o a cancelar sus inversiones en esa área.
Entre varios motivos presentados por INTEL, el principal fue “la ausencia de una estructura fiscal y legal adecuada, lo que dificultaba bastante la entrada y salida de materiales” (Nassif, op. cit.) Este aspecto también fue comentado por algunas de las empresas entrevistadas.
Llevándose en consideración que en el ambiente internacional ya existe un porcentaje considerable de ociosidad - cerca del 40% en las fábricas de circuitos integrados y saturación del sector de telecomunicaciones – la necesidad imperativa es de innovaciones de productos, y el gran reto para Brasil es mejorar la oferta de la mano de obra calificada, lo que fue mencionado por varias empresas entrevistadas.