Alexis Mercado
En los últimos años, particularmente en Estados Unidos, paradójicamente el país donde surgieron las prácticas de evaluación de tecnologías y la regulación ambiental, se ha desatado toda una controversia en relación a la perdida de competitividad de la industria. Según algunos analistas, una de las principales causas de este fenómeno tiene su origen en las crecientes inversiones que deben realizar las empresas para ajustarse a las normativas tendientes a aminorar el impacto ambiental. La prevalencia de un pensamiento muy conservador en el seno de la sociedad norteamericana, y más específicamente en el congreso a partir de 1995, ha colocado inclusive en tela de juicio a la actividad adelantada por organismos de regulación como la agencia de protección ambiental (EPA) y la Oficina de Evaluación de Tecnologías (OTA) . La onda antiregulatoria ha alcanzado tal magnitud que en Octubre de 1995 fue presentada ante el congreso una moción que establecía la prohibición de conceder fondos federales a la EPA; razón por la cual este organismo se vería obligado a procurarlos más activamente a través de fundaciones. En este sentido, algunos críticos han señalado que se estaría limitando su capacidad de regulación, en virtud del hecho de que por detrás de estas fundaciones pueden estar presentes muchos intereses corporativos (The Guardian Weekly, Septiembre, 1995).
Esta actitud contrasta fuertemente con las tendencias que plantean una mayor intervención a través de la instrumentación y redefinición de las políticas en el área ambiental e, inclusive, colocan la necesidad de reformular radicalmente lo que hasta ahora ha sido la práctica de evaluación de tecnologías. Estas tendencias se verifican con vigor en países europeos, principalmente en los países bajos (Medina, 1994) y Japón 8.
Uno de los principales argumentos de la posición conservadora a favor de la desregulación es que desde que se comenzó a implantar la legislación a principios de los 70, las empresas en Estados Unidos han realizado considerables inversiones que en la actualidad llegan a constituir un 2,1 % del producto industrial bruto, estimandose que para finales de esta década, según las proyecciones, alcanzará la cifra de 190 mil millones de dólares anuales, es decir un 2,6 % del PIB. (Jaffe et alli, 1995).
Este argumento gana una favorable matriz de opinión cuando se compara la competitividad de la industria americana frente a países en los cuales la inversión en protección al ambiente es pequeña e incluso, en algunos casos, nula. Las frecuentes quejas en relación a países como China y la India han llevado incluso a la aparición de un nuevo término en la jerga de la competitividad: el de "Dumping Ecológico".
Pero tal justificación pierde fuerza cuando se comparan las inversiones en control y prevención ambiental de los Estados Unidos con las inversiones crecientes que vienen realizando algunos países europeos. Resulta notable el caso de Alemania, donde la inversión en esta área muestra una tendencia que está, inclusive, por encima de la observada en Los Estados Unidos. En consecuencia, algunos sostienen que este es un planteamiento superficial que no va al fondo del asunto de la competitividad 9.
Esta forma de enfocar el problema puede ser una de las causas que han originado que las normativas voluntarias hayan ido adquiriendo cada vez más peso como mecanismos de regulación en el comercio internacional. No queremos decir con esto que las mismas no conlleven a una serie de beneficios importantes. Por el contrario, sostenemos, inclusive, que pueden ser medios muy eficaces para que empresas de países sin regulaciones claras en materia ambiental se preocupen por el problema. Pero, pensamos, que esto está distrayendo la atención, cuando no dejando fuera, a algunos actores claves en la definición y abordaje del problema, y obvian un aspecto muy importante que analizaremos con algún detalle más adelante: el del creciente papel que van adquiriendo las políticas públicas en este ámbito.
Pero en contraposición a esta visión conservadora, se consiguen opiniones muy calificadas como la de Porter y van der Linde (1995), que apuntan en la dirección contraria. La crítica que se coloca a la posición anterior es que, tanto los encargados de diseñar política como los lideres empresariales y los ambientalistas han centrado su discusión en torno al análisis de los impactos sobre los costos estáticos de la regulación ambiental; soslayando, de esta forma, la importancia de los beneficios de productividad que pueden derivar de la innovación tecnológica en este campo.
En efecto, estos autores analizan una serie de casos en diversos sectores industriales donde se demuestra que los cambios adelantados para aminorar o abatir la contaminación dieron como resultado ahorros o incrementos en la productividad que superaban con creces las inversiones realizadas. Por otra parte, en algunos casos, la introducción de innovaciones en esta área no solo disminuyó dramáticamente el impacto ambiental y aminoró costos, sino que tuvo, además, un efecto multiplicador sobre la actividad innovativa de otros sectores incrementando la competitividad del complejo industrial en forma global.
Estos autores, parten de la premisa de que contaminar es una prueba de ineficiencia de los procesos productivos. Por esta razón, las posibilidades de introducir mejoras productivas son amplias. Es posible aplicar los mismos principios básicos de los ampliamente distribuidos programas de calidad (uso más eficiente de los recursos, eliminación de etapas de riesgo, y eliminación de etapas innecesarias). para acometer la resolución de los problemas ambientales. Se observa, así, que son diversas las posibilidades de mejorar el desempeño económico de las firmas a partir del avocamiento a la resolución de problemas de carácter ambiental. Hay que destacar, no obstante, que esto está intimamente ligado al desarrollo de una importante capacidad innovativa.
Actualmente, pueden perfilarse dos claras tendencias innovativas en relación al problema ambiental. La primera es la introducción de tecnologías de control y de mejoras continuas destinadas a minimizar el impacto ambiental de los procesos productivos. En otras palabras: se plantea el desarrollo de una serie de actividades que pueden ser catalogadas como innovaciones orientadas al control de la contaminación. La segunda, surge como producto de una visión más reciente que en forma holística trata de ir a la raíz de los problemas. Se ataca el problema desde la concepción misma de los productos y los procesos; se intenta que sean limpios. Estas se definen como innovaciones orientadas a la prevención de la contaminación.
Geffen (1995) establece una interesante relación entre el carácter de la innovación y el tipo de orientación dado a la resolución de los problemas de impacto ambiental. Así, las mejoras incrementales están estrechamente ligadas al problema del control de la contaminación, en tanto que las innovaciones de carácter radical se asocian, más bien, a la búsqueda de soluciones de prevención.
Porter y van der Linde (1995) apuntan que dentro de este segundo tipo de orientación de la innovación, las empresas deben desarrollar un proceso de aprendizaje amplio, que procure la búsqueda de mejoras ambientales. Desde esta perspectiva, logran identificar una serie de mejoras en esta área las cuales redundan en un incremento en la productividad de los recursos (Cuadro 4).
Hasta aquí se han analizado los desafíos que habrán de afrontar las empresas como consecuencia de la difusión de las normativas de actuación y las tendencias innovativas que se van perfilando. No obstante, hay que recordar que se señaló que el abordaje integral del problema requería una amplia participación de actores e instituciones. Es evidente que las empresas no son las únicas en tener responsabilidad con el problema ambiental. Es necesario indagar un poco sobre el papel que le tocará desempeñar a otros organismos. En particular, es necesario hacer énfasis en el problema de las políticas públicas en este ámbito.
Cuadro 4
Mejoras ambientales que pueden beneficiar la productividad de recursos.
Fuente: Porter y Van der Linde, (1995).
8. Hay que señalar que en el ejecutivo norteamericano también existe una fuerte preocupación en ese sentido. Son especialmente conocidas las posiciones proambientalistas del vicepresidente Al Gore. Así existe como último recurso el veto presidencial para frenar estas laxitudes en la legislación ambiental.
9. Se considera, entonces, que las causas de perdida de competitividad de la industria manufacturera americana deben ser buscadas en otros factores. Esto lo comprendió desde un primer momento la administración demócrata, la cual viene impulsando desde hace cierto tiempo una serie de políticas industriales.