Xiomara Maldonado Q.
Para avanzar en el análisis de las políticas de CTI orientadas a PCyT desde los países suramericanos, se realiza una exploración previa para identificar a los países de la región con PIB per cápita mayor; tales países se seleccionan como la muestra a ser estudiada desde el ámbito nacional. Este criterio de selección se fundamenta en las prioridades que los “Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015” , imponen a los países con PIB bajos, que es orientar su gasto a satisfacer necesidades inmediatas de salud y la alimentación, como estrategia para reducir la pobreza. Estrategia que implica que para éstos no es prioridad la inversión en actividades científicas y tecnológicas. Bajo este criterio de selección, se identifica a Chile, Venezuela, Uruguay, Brasil y Argentina, como los seis países de América Latina con mayor PIB por habitante (Ver Gráfico 1), por tanto, con mayor posibilidad de orientar gasto hacia el ámbito CTI en contextos de los ODM.
Gráfico 1. Producto Interno Bruto por habitante, 2007. (*)
(*) Elaboración propia. Fuente: PIB: CEPAL y División de Estadística de las Naciones Unidas. Población: CELADE.
Por otro lado, conviene analizar la proporción de población en edad de trabajar ocupada en estos países, indicador de la capacidad de sus economías para generar trabajo. Este análisis se realiza tomando como base las expectativas que plantea la OIT en su último informe , sobre las predicciones de crecimiento económico de América Latina y el Caribe, ofrecidas por la CEPAL. Según el mencionado informe, la región podría alcanzar una tasa de 1.9% de aumento del PIB en 2009, esto es, una fuerte desaceleración frente a la cual los mercados laborales no serán indiferentes. La OIT estima que con tal crecimiento del PIB, la tasa de desempleo urbano subirá por primera vez desde 2003 a entre 7.9% y 8.3% como promedio anual. En números absolutos, se refiere a entre un 1.5 y 2.4 millones de puestos de trabajo que se podrían perder durante este año.
Este panorama invita a revisar la capacidad para generar trabajo de los países seleccionados para el análisis como condicionante externa para las oportunidades de PCyTen la región, éste se realiza en base a las tasas interanuales de crecimiento referidas a la población económicamente activa (PEA). Para todos los países bajo estudio, excepto Uruguay, la OIT presenta datos sobre la variación interanual de la tasa de ocupación para la PEA; tomando como período de referencia los años 2007 y 2008 (ver Gráfico 2), se puede observar que excepto por Argentina, el resto tuvieron una tasa de crecimiento interanual de ocupación mayor para la PEA, que genera expectativas optimistas en cuanto a la capacidad para generar empleo en esos países.
Gráfico 2. Población en edad de trabajar ocupada en el período 2007 - 2008. (*)
(*) Elaboración propia. Fuente: OIT. LABORSTA Internet. Disponible en: http://laborsta.ilo.org/STP/guest
A partir de estas observaciones, se reduce la selección de la población bajo estudio a Argentina, Brasil, Chile, y Venezuela, por ser países que, además de estar suscritos a los organismos de cooperación analizados, gozan de los mismos beneficios asignados por el BID, cuyos recursos inciden en el avance de proyectos de desarrollo de los países involucrados, y ofrecen información estadística actualizada para estimar sus perspectivas respecto a la capacidad de generar empleo sobre la base de las tasas de crecimiento interanuales de ocupación para la PEA.
Adicionalmente, se analiza el porcentaje del PIB que se destina al gasto en actividades de CyT, (Ver Gráfico 3). Se observa que Brasil y Venezuela son los países que destinan mayor gasto en CyT, en la población bajo estudio, mostrando una tendencia interesante respecto a la prioridad de inversión en el ámbito CyT como parte de la política de desarrollo nacional. Asimismo, en relación al gasto de I+D, se destacan Brasil y Chile, característica importante que subyace en la orientación de sus políticas en torno a la innovación; la inversión en I+D, promueve la generación de conocimiento, y el conocimiento, es generador de innovación.
Gráfico 3. Porcentaje de gasto en actividades de CyT en relación al PIB. (*)
(*) Elaboración propia, sobre la base del año 2006, último en que los cinco países disponen de información, considerando que la comparación entre los países es más realista basada en un mismo año lectivo.
Fuente: RICYT. Disponible en: http://www.ricyt.org/interior/interior.asp?Nivel1=1&Nivel2. Chile: CONACYT. http://www.conicyt.cl/573/article-3963.html. Venezuela: A partir de 2006 se produce un quiebre en la serie informada debido a un cambio en la metodología de cálculo.
Finalmente, antes de abordar el análisis de tendencias, es pertinente mencionar que los países estudiados cuentan con PCyT en distintas fases funcionales: operativos, en implantación y en proyecto. Brasil se destaca de entre los cuatro países estudiados, alcanzando un total de 65 parques en sus diversas fases funcionales, seguido por Argentina con 19, Venezuela con 11, y Chile con 5. La diversidad entra la cantidad de parques entre uno y otro país, subyace en el antes y el ahora de las políticas de CTI, el después, se verá influenciado por la tendencia actual de apoyo a los PCyT. (Ver Gráfico 4).
Como última consideración, es importante destacar que la política de desarrollo de un país se estructura de políticas explícitas e implícitas, las primeras son las inherentes a los planes del sector, y las segundas, las adoptadas por otros sectores. En este estudio el análisis se delimita a las políticas explicitas de CTI , orientadas además, a los PCyT específicamente, sin perder de vista que existen políticas implícitas complementarias. Luego de estas consideraciones generales para los países seleccionados como población bajo estudio, se procede en los siguientes epígrafes a revisar sus políticas de CTI desde su sustento legal, para introducirse a su entorno institucional, sus planes nacionales de CTI, e instrumentos en los que se identifican oportunidades para los PCyT.
Gráfico 4. Cuantificación de parques tecnológicos en población bajo estudio. (*)
(*) Elaboración propia.
Argentina cuenta con una población de 37,8 millones de habitantes, destina a investigación y desarrollo (I+D) un 0,49% de su PIB, y un 0,58% en actividades CyT (ACT). El 66,9% de la inversión en I+D proviene del sector público, un 29,4% del sector privado y el resto de otras fuentes. Estos recursos se utilizan en un 30,4% en actividades de I+D desarrolladas por empresas, en un 26,5 % por universidades, en un 40,7% por organismos públicos y el resto por instituciones privadas sin fines de lucro. Del total de recursos, un 28,1% se orienta a investigación básica y un 71,9% a investigación aplicada y desarrollo. Entendiendo que la UNESCO recomienda para los países medios en desarrollo el gasto en I+D del 1% relacional al PIB, Argentina se encuentra a la mitad del camino de alcanzar esa meta.
En relación a los PCyT, Argentina comienza a interesarse en su creación a partir de los años 90’s, cuando surgen los primeros parques. No obstante, la crisis económica del 2001, afectó notoriamente estas agrupaciones empresariales, y es, en estos últimos años cuando, siguiendo lineamientos de políticas supranacionales, se reacomodan las condiciones que permiten resurgir a estas estructuras, ahora vistas como instrumentos de desarrollo local mediante la innovación y la competitividad. De hecho, del total de PCyT identificados en Argentina, un 32% se encuentran operativos, un 5% en proceso de implantación y un 63% están en proyecto. (Ver Gráfico 5). Se evidencia una tendencia a la creación PCyT, sugiriendo la existencia de una política de Estado que promueve la acentuada generación de proyectos de PCyT.
Gráfico 5. Parques tecnológicos en Argentina. (*)
(*) Elaboración propia.
El recorrido por los ámbitos nacionales de CTI se inicia con Argentina, donde las competencias del Estado se derivan de los niveles federal y provincial. Se identifica como ente rector de la materia CTI al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, órgano que establece políticas y coordina acciones orientadas a fortalecer la capacidad del país para dar respuesta a problemas sectoriales y sociales prioritarios, así como contribuir a incrementar la competitividad del sector productivo, sobre la base del desarrollo de un nuevo patrón de producción basado en bienes y servicios con mayor densidad tecnológica.
La política CTI nacional de Argentina se encuentra regida por la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (LCTI) , que establece dentro de sus objetivos desarrollar y fortalecer la capacidad tecnológica y competitiva del sistema productivo de bienes y servicios y, en particular, de las pequeñas y medianas empresas; potenciar y orientar la investigación científica y tecnológica, estableciendo planes y programas prioritarios; y promover mecanismos de coordinación entre los organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La mencionada ley establece que el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es el instrumento central de la política de CyT, teniendo como bases para su duración: el establecimiento de líneas estratégicas; la fijación de prioridades; y el diseño y desarrollo de programas nacionales, sectoriales, regionales y especiales .
El plan vigente es Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Bicentenario” (2006-2010), que se desarrolló en lo que han denominado Escenario de Desarrollo Sustentable, establecido como modelo para orientar los esfuerzos y las políticas del sector en los próximos años. Sobre la base de cinco objetivos estratégicos, enfatiza la necesidad de la articulación del Sistema Nacional de Innovación (SIN) para facilitar la interacción entre los actores involucrados.
En Argentina , la estructura institucional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCTI), está conformado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT), organismo del Poder Ejecutivo Nacional dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que elabora y propone políticas por medio del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y evalúa su desarrollo y cumplimiento, coordinado por el Gabinete Científico y Tecnológico (GACTEC). Promueve las actividades en CTI a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT). Ejecuta actividades CyT a través del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Articula el SNCTI a través del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) y del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT); y el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, ONCyT. (Ver Tabla 1).
En el marco institucional de la política CTI, ajustada a los objetivos estratégicos del plan nacional, se promueve y se estimula la creación y consolidación de un tejido productivo local o regional, conformado por empresas, universidades y organismos oficiales, que generen una estructura colectiva y que se instituyan como red, consorcio, grupo, bloque, cadena o complejo productivo con propósitos de fortalecer emprendimientos orientados a alcanzar el bienestar general de la región. Estas políticas las adelanta ANPCyT, como organismo desconcentrado dependiente de la SECyT mediante instrumentos específicos como programas y proyectos para la promoción y el fomento del desarrollo CTI en el país. Adicionalmente, gestiona y adjudica fondos obtenidos de distintas fuentes, a través de evaluaciones, concursos, licitaciones o mecanismos equivalentes que garanticen transparencia. A través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) promueve y financia la actividad de innovación, el desarrollo y la vinculación tecnológica, en proyectos cofinanciados con el sector productor de bienes y servicios o demandante de necesidades sociales. Igualmente, por medio del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) promueve y financia las diferentes áreas del conocimiento científico y tecnológico, tanto en temáticas básicas como aplicadas y del desarrollo tecnológico.
Tabla 1. Marco institucional de las políticas orientadas hacia los PCyT en Argentina. (*)
(*) Elaboración propia.
Fuente: Ley 25.467. Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (LCTI). Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Bicentenario” (2006-2010). Ley 25.922 - Ley de Promoción de la Industria del Software. Ministerio de Ciencia, tecnología e Innovación Productiva. http://www.mincyt.gov.ar/ Otros.
Tomando en cuenta el impacto de las Pymes , que genera por encima del 90% de los empleos en Argentina, y la fortaleza de los PCyT para impulsar la creación de Pymes, la Secretaria adelanta, por un lado el Programa Especial de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos a través de aportes no reembolsables, por otro el Proyecto OEA , para la “creación de empresas de base tecnológica e innovación y diversificación de las actividad productiva en áreas estratégicas de la región a través del establecimiento, desarrollo y fortalecimiento de incubadoras y parques de base tecnológica”. Adicionalmente, se impulsa un proyecto sobre la instauración de un programa de capital de riesgo, capital semilla y ángeles inversores, para empresas del área de ciencia, tecnología e innovación productiva, con el propósito de: fomentar el desarrollo de una fuerte dinámica de creación de empresas innovadoras, de base tecnológica, en las áreas más intensivas en conocimientos y tecnologías; formular políticas públicas que tiendan a la creación de instrumentos para la promoción y fomento de la industria de capital de riesgo, así como la demanda de inversiones de las nuevas empresas; y, crear y perfeccionar en forma constante un ambiente favorable que incremente la liquidez del mercado, favorezca la creación de sistemas regulatorios adecuados y fomente el desarrollo de la cultura de inversión de riesgo entre los actores, públicos y privados, vinculados a la innovación. Este programa considera dentro de sus objetivos específicos, crear puentes entre emprendedores e inversores privados, orientando la inversión hacia ventures y empresas de base tecnológica, incubadas en instituciones de investigación, universidades y otras entidades públicas y privadas, y asentadas en polos y PCyT.
Otra tendencia hacia apoyo de los PCyT, se destaca en el FONCyT, que dentro de sus distintos Instrumentos de Promoción y Financiamiento implementados a través de la modalidad de Convocatorias Públicas o Ventanilla Permanente, adelanta el Proyecto de Infraestructura y Equipamiento Tecnológico (PRIETEC), dirigido a instituciones universitarias de gestión pública o privada sin fines de lucro, a los organismos de Ciencia y Tecnología, Parques y Polos Tecnológicos Incubadoras de empresas, parques y polos tecnológicos.
Por otro lado, se han promulgado y puesto en vigor, diversas leyes nacionales y provinciales, y resoluciones municipales que han generado regímenes especiales, que buscan la inserción, desarrollo e instalación de nuevas empresas de base tecnológica entre otras, en parques e incubadoras de empresas, se pueden mencionar: la estabilidad fiscal por un período de 10 años (a partir de la sanción de la Ley 25.922 ), la reducción de hasta un 70% de las contribuciones patronales, desgravación del 60% en el monto total del Impuesto a las Ganancias, exclusión de restricciones al giro de divisas por importaciones de bienes o servicios, dentro de la Ley 25.922 se conformó el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), entre otros. Adicionalmente, Argentina participa con proyectos IBEROEKA, en el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED, tomando ventaja de la cooperación iberoamericana. Así, se identifican políticas específicas que se orientan a la creación y fortalecimiento de PCyT e incubadoras de empresas, cumpliendo éstos un doble rol, uno como beneficiarios de las políticas de CTI, y otro como instrumentos para la aplicación de otras políticas.
Brasil cuenta con una población de 189,3 millones de habitantes, destina a investigación y desarrollo (I+D) un 1,02% de su PIB (superando recomendación de la UNESCO), y un 1,35% en actividades CyT (ACT). El 50,1% de la inversión en I+D proviene del sector público, un 47,9% del sector privado y 2% las universidades. Adicionalmente, una característica sobresaliente es que los aportes para el gasto en I+D y otras actividades en CyT, provienen casi equitativamente tanto del sector público como privado, se intuye en este país condiciones favorables que ofrecen un entorno propicio para la innovación, en el que los PCyT tienen oportunidad de potenciarse como instrumentos propiciadores de desarrollo.
Además, Brasil es pionera en identificar oportunidades de desarrollo desde los PCyT comenzando con los primeros en 1984, desde entonces, estas estructuras se han ido fortaleciendo, y actualmente, reciben atención especial de sectores público y privado. Así, del total de PCyT que reporta Anprotec , un 34% se encuentran operativos, un 23% en fase de implantación, y un 43% en proyecto (Ver Gráfico 6).
Gráfico 6. Parques tecnológicos en Brasil. (*)
(*) Elaboración propia.
Fuente: Anprotec.
Brasil, identifica como ente rector de la materia CTI al Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), órgano que define la política nacional en CTI (PNCTI) del país bajo asesoría del Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT). Con el apoyo de la Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (SETEC), implementa la PNCTI, con especial atención en programas orientados a la capacitación tecnológica de las empresas, y la formulación de políticas de estimulo hacia la competitividad del sector de las TIC’s. (Ver Tabla 2).
La PNCTI se encuentra legislada por la Ley de Innovación , en la que subyace la tentativa explícita de incentivar la inclusión social mediante el apoyo a la participación pública en la toma de decisiones. Aprobada en diciembre de 2004, presenta tres componentes principales: incentivos a la construcción y al fortalecimiento de asociaciones entre universidades, institutos de investigación y empresas privadas; incentivos para estimular la participación de universidades e institutos de investigación en el proceso de innovación; e incentivos para promover la innovación dentro de las empresas privadas, todos estos con tendencias subyacentes a oportunidades de los PCyT como instrumentos para avanzar en estos objetivos.
Tabla 2. Marco institucional de las políticas orientadas hacia los PCyT en Brasil. (*)
(*) Elaboración propia.
Fuente: Ley Nº 10.973, del 2 de diciembre de 2004 (Ley de Innovación). Plan de Acción de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Nación (2007-2010). CNPq: Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico.www.cnpq.br MCT: Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil.www.mct.gov.br Anprotec. www.anprotec.org.br Otros.
El MCT dispone de varios instrumentos de apoyo a la innovación tecnológica de las empresas, (Ver Tabla 2), como los Fondos Sectoriales para estimular y fortalecer el sistema de CTI nacional y que constituyen el principal instrumento del Gobierno Federal para impulsar el Sistema de CTI de Brasil; el Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT) que integra las inversiones de los fondos sectoriales mediante acciones transversales alineadas con las prioridades nacionales, la Financiadora de Proyectos (FINEP) que otorgan financiamientos a largo plazo a proyectos en ámbitos científico, tecnológico, social y económico; el Programa Nacional de Incubadoras (PRONINC) como instrumento de apoyo específico para las incubadoras de empresas con especial interés en la creación de incubadoras tecnológicas de cooperativas populares; la Iniciativa Nacional para la Innovación, para fortalecer la interacción entre las instituciones de I+D+i, todos con miras a fortalecer políticas a largo plazo para las Pymes e indirectamente para los parques, pues, se orienta a promover la innovación en las empresas existentes, a impulsar nuevos emprendimientos, a vincular I+D con en el entorno productivo y la sociedad con miras a difundir la innovación como estrategia de desarrollo.
Se considera importante mencionar el proyecto INNOVAR, que intenta construir el escenario institucional favorecedor de las actividades de capital de riesgo en el país, para estimular el fortalecimiento de empresas nacientes y emergentes de base tecnológica promoviendo el desarrollo tecnológico y la generación de empleo. Cabe destacar que este proyecto recibe el apoyo del BID, y ha sido de gran apoyo en la creación de incubadoras en el país.
Otro programa estratégico importante es la Red Brasil de Tecnología, cuyo propósito es propiciar una articulación eficiente entre los diferentes sectores del gobierno, las universidades, empresas privadas y agentes financieros, para promover la coordinación y alineamiento de las iniciativas de I+D y estimular el involucramiento de todos los actores.
Al igual que los proyectos IBEROEKA, en el marco del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED, que promueve la articulación de pequeñas empresas como herramienta de competitividad para el sector de adhesión. Al igual que en Argentina, la Ley de Innovación prevé un marco de estímulo para promover la vinculación de todos los actores que incluye estabilidad fiscal, reducción de contribuciones patronales, desgravación en impuesto a las ganancias, exenciones especiales.
Las políticas de apoyo directo a los parques emergen del marco del Proyecto OEA, para la creación de empresas de base tecnológica e innovación y diversificación de las actividad productiva en áreas estratégicas de la región a través del establecimiento, desarrollo y fortalecimiento de incubadoras y parques de base tecnológica, en el que participa Brasil.
Se evidencia en la política CTI de Brasil una tendencia a impulsar empresas emergentes innovadoras, promover la innovación en empresas existentes, difundir la innovación en el sector productivo y en la sociedad, a la vez de estimular su vinculación con el sector I+D desde el Estado, y utilizar los PCyT como instrumentos facilitadores de la implementación de las acciones que permitan alcanzar los objetivos estratégicos perseguidos (Ver Tabla 6).
Chile, con una población de 16,60 millones de habitantes, destina a investigación y desarrollo (I+D) un 0,68% de su PIB. Según cifras del CONICYT , un 53% de la inversión en I+D proviene del sector público, un 37% del sector privado y un 10% de otras fuentes. Estos recursos se utilizan en un 46% en actividades de I+D desarrolladas por empresas, en un 32% por universidades, en un 10% por organismos públicos y en un 12% por instituciones privadas sin fines de lucro. Del total de recursos, un 22% se orienta actualmente a investigación básica y un 78% a investigación aplicada y desarrollo. La experiencia de Chile en PCyT es escasa, de hecho, de los tres PCyT cuantificados uno está en fase de implementación y dos en fase de proyecto, todos son iniciativas universitarias. (Ver Gráfico 7).
Gráfico 7. Parques tecnológicos en Chile. (*)
(*) Elaboración propia.
Fuente: CONACYT.
Chile rige su política CTI en dos dependencias diferentes adscritas a la presidencia. Por un lado la política científica se encuentra a cargo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), y por otro, la política de desarrollo e innovación es competencia del Ministerio de Economía, en conjunto elaboran los planes y programas nacionales en CTI (Ver Tabla 3).
Tabla 3. Marco institucional de las políticas orientadas hacia los PCyT en Chile. (*)
(*) Elaboración propia.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Ley-20241. Ministerio de Educación Pública. Decreto con Fuerza de Ley Nº 33/81. Decreto Nº 834/82. Plan de Acción 2008-2010. CONICYT. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: http://www.conicyt.cl/ Otros.
Adicionalmente, estas dos dependencias cuentan con el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, como asesor en la identificación, formulación y ejecución de políticas, planes y programas, medidas y demás actividades referidas a la innovación, incluyendo los campos de la ciencia, la formación de recursos humanos especializados y el desarrollo, transferencia y difusión de tecnologías.
Este último, desde su creación en 2005, ha entregado dos documentos que forman parte de la propuesta de Estrategia Nacional de Innovación, cuyo marco está dado por la meta de duplicar el PIB per cápita al 2020, siguiendo políticas en el contexto de la economía del conocimiento, caracterizada por la relevancia del capital humano, la ciencia y la innovación. Tal estrategia se rige por un conjunto de objetivos que a grosso modo orientan el desarrollo de los lineamientos y acciones a seguir; se pueden mencionar algunos como el fomento de un sistema formador de capital humano, del desarrollo de la ciencia en general, como una de las bases de la innovación, el desarrollo de la actividad innovadora en las empresas, y la generación de una conciencia y una actitud proactiva en la sociedad hacia la innovación. Adicionalmente, promueve la gobernabilidad del sistema y una institucionalidad que oriente, políticas públicas pro innovación.
Esta estrategia se adelanta en el marco del Plan de Acción 2008-2010, desde el CONICYT con el apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), que orienta el financiamiento de la investigación básica y en general de la investigación científica; el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF), que aporta financiamiento a la I+D y la transferencia tecnológica en aras de aumentar la competitividad del sector productivo, el Fondo de Investigación Avanzada en Áreas Prioritarias (FONDAP), que orienta sus recursos a la creación de centros de investigación de excelencia.
Por su parte, desde el Ministerio de Economía, se destaca la división de Innovación que coordina a las distintas instituciones públicas vinculadas a la implementación de los planes y programas contenidos en la Política de Innovación, que mediante el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) conduce financiamiento hacia la innovación de interés Público que considera formación de capital humano, fomento de la CyT, innovación empresarial, programas de internacionalización del esfuerzo innovador, sensibilización sobre innovación, promoción directa de la innovación en la empresa, apoyo al desarrollo de redes para financiar la innovación con incentivos a redes de capitales ángeles, incubadoras y patrocinios, entre otros.
Se destacan el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CHILE INNOVA) que busca contribuir al aumento de la competitividad de la economía chilena apoyando la I+D en áreas estratégicas de la economía nacional; y la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), cuya misión se orienta específicamente a la innovación y el desarrollo tecnológico.
Adicionalmente, existe una marco regulatorio que establece por una lado, las normas de financiamiento de I+D, y por otro, incentivos tributarios a la inversión privada en I+D, correspondiente a un crédito tributario que equivale a un 35% de los pagos que realice la empresa a la universidad o centro de investigación del registro público de CORFO.
Adicionalmente, existe una marco regulatorio que establece por una lado, las normas de financiamiento de I+D, y por otro, incentivos tributarios a la inversión privada en I+D, correspondiente a un crédito tributario que equivale a un 35% de los pagos que realice la empresa a la universidad o centro de investigación del registro público de CORFO.
La tendencia en Chile hacia un plan centrado en la innovación y la vinculación del Estado, las empresas público-privadas, las universidades, los centros de I+D y la sociedad, proponen un ámbito favorable para los PCyT como medios de innovación, y aunque no se prevén políticas explícitas hacia los PCyT, el conjunto de estrategias en torno a los ejes estratégicos del plan de acción, sugieren una política transversal con implicaciones importantes para estas estructuras como medios de innovación, convirtiéndose en instrumentos para canalizar las políticas de CTI en Chile.
La República Bolivariana de Venezuela tiene una población de 27,50 millones de habitantes, destina un 2,69% de su PIB a actividades de CyT, porcentaje que la sitúa en el primer lugar en América del Sur. Según cifras del MPPCTI , un 0,58% de la inversión en I+D proviene del sector público y un 2.11% del sector privado. A finales de los 80’s, surge en Venezuela el interés por los PCyT, pero, es a principios de los 90’s, cuando comienzan a crearse los primeros como iniciativas de las universidades. Desde hace un par de años, el Estado se ha visto inclinado a apoyar la creación de PCyT, resultando un 36% de parques operativos, un 18% en proceso de implantación, y un 46% se encuentran en proyecto. (Ver Gráfico 8).
Gráfico 8. Parques tecnológicos en Venezuela. (*)
(*) Elaboración propia.
Fuente: Datos aportados por personal de ASOPARTEC y CODECYT.
En Venezuela, el ente rector, coordinador y articulador de las actividades CTI es el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias MPPCTII, que cuenta con la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) que regula sus funciones y las del Sistema Nacional de CTI, que se encuentra conformado por el Ministerio, sus organismos adscritos y las entidades tuteladas por éstos, o aquéllas en las que tengan participación; las instituciones de educación superior y de formación técnica, academias nacionales, colegios profesionales, sociedades científicas, laboratorios y centros de investigación y desarrollo, tanto públicos como privados; los organismos del sector privado, empresas, proveedores de servicios, insumos y bienes de capital, redes de información y asistencia que sean incorporados al Sistema; unidades de investigación y desarrollo, así como unidades de tecnologías de información y comunicación de todos los organismos públicos; y las personas públicas o privadas que realicen actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones. (Ver Tabla 4).
Tabla 4. Marco institucional de las políticas orientadas hacia los PCyT en Venezuela. (*)
(*) Elaboración propia.
Fuente:
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Ley Orgánica de Aduanas.
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030.
MPPCTII. www.mct.gov.ve
CODECYT www.codecyt.gob.ve
Es el MPPCTII el responsable de elaborar el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, instrumento de planificación y orientación de la gestión del Ejecutivo Nacional, para establecer los lineamientos y políticas nacionales en materia de CTI, así como para la estimación de los recursos necesarios para su ejecución . El plan vigente en Venezuela es el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030, fundamentado en la premisa del logro de un desarrollo humano, endógeno y sustentable. Este plan se implementa por períodos a través de la definición de metas estratégicas enmarcadas en los tres objetivos estratégicos del plan: promover la independencia CyT, desarrollar una CyT para la inclusión social, y generar mayores capacidades nacionales en CTI, referidas a la formación de talento, la creación y fortalecimiento de infraestructura científica y al conjunto de plataformas tecnológicas requeridas en el país. El PNCTI cuenta para su implementación con un conjunto de entes de apoyo que adelantan programas con propósitos cónsonos a sus objetivos estratégicos.
El Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación FONACIT, financia la ejecución de los programas y proyectos de CTI, y administra recursos financieros destinados a los mismos; el Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (CENDIT), propicia e impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones y fomenta la creación de Pymes, con miras a la generación de empleo para diversas categorías de profesionales; la Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica (CENIT), responsable de la red de I+D+i en articulación con el SNCTI. Los Estados se apoyan en las Fundaciones para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología FUNDACITE, que son Fundaciones que contribuyen al desarrollo nacional, estadal y local, representando, coordinando y ejecutando las políticas, planes, programas y actividades que el MPPCTII, se encargan de integrar las capacidades, expectativas y necesidades de todos los sectores de la sociedad en los estados, fomentando procesos participativos y autogestionados. Uno de sus objetivos, que constituye una tendencia hacia la creación de parques está relacionado con el propiciar el establecimiento de vínculos entre las instituciones de investigación de los estados con el sector productivo de bienes y servicios, favoreciendo la generación de conocimientos científicos y el dominio de las tecnologías que demanda el sector. De hecho, estas fundaciones han sido promotoras de PCyT en el país.
Un organismo que se considera un eje fundamental en la toma de decisiones del sector CTI es el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ONCTI, puesto que es el encargado de proveer de información confiable y autorizada en temas relativos a la CTI, que es la aportada a organismos internacionales de evaluación. Un organismo de recién creación y que evidencia la tendencia a hacia el desarrollo de modelos de PCyT como instrumentos de desarrollo socio productivo del país, es la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, CODECYT, S.A. Este organismo debe encargarse de la realización de actividades relacionadas con el fomento, desarrollo, inversión y promoción del sector CyT venezolano, que se hará extensivo a todas las ramas conexas de la CyT a los fines de rescatar, fortalecer, impulsar y asistir al sector productivo y social, asociaciones cooperativas, instituciones públicas y privadas, universidades y centros de educación superior, de investigación, desarrollo e innovación y nodos de alta tecnología, para crear y desarrollar la capacidad nacional tecnológica y científica con el fin de alcanzar la soberanía tecnológica.
Bajo los lineamientos del PNCTI, y dentro del Proyecto PCyT, este ente pretende vincular la innovación para el desarrollo endógeno utilizando como instrumento a los PCyT, impulsando la creación de nuevos PCyT sectoriales con el apoyo de una plataforma TIC’s como fortaleza funcional para los servicios de albergue, sostenibilidad y permanencia de empresas públicas y privadas del sector particular del mismo.
Esta potenciación de los PCyT se fortalece en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), en el 2005, instrumento legal que busca generar soluciones que sean aprovechadas por el sector productivo venezolano, a la vez que se fomenta la creación de nuevos proyectos que no sólo sean innovadores y sostenibles por sí mismos, sino que también contribuyan al desarrollo del país. De esta manera es posible encontrar instituciones, tanto del Gobierno (Fonacit, Fidetel) como del sector privado (Innovex) que están ofreciendo ayuda financiera y soporte gerencial para fortalecer estas pequeñas empresas y cooperativas, que vienen a generar nuevas tecnologías y productos que incluso pueden llegar a ser patentables en el exterior.
Del mismo modo, este instrumento ofrece distintos mecanismos, modalidades y formas en que pueden realizar los aportes e inversiones , dentro de las que se destacan en el caso de interés: la creación o participación en incubadoras o viveros de empresas nacionales de base tecnológica; la participación en fondos de garantías o de capital de riesgo para proyectos de innovación o investigación y desarrollo; y la formación de unidades de vinculación entre centros de investigación y desarrollo y las empresas, para procesos de transferencia tecnológica.
El marco legal y el CODECYT, se complementan en la difusión de ambos entre los diferentes actores, para captar aportadores de capital y beneficiarios, que a través de sus proyectos a largo plazo permitan, no sólo fortalecer los PCyT como medios de innovación para el desarrollo endógeno, humano y sustentable, tal y como se propone en el llamado Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030, diseñado por el Gobierno, sino alcanzar las metas específicas para el 2010 que consideran incrementar la inversión en ciencia y tecnología hasta alcanzar 2% del PIB.
Dentro de las metas específicas de interés para el 2010, se pretende la creación de un parque tecnológico con capacidad para albergar 10 empresas nacionales de producción de medicamentos con tecnología propia; y un parque tecnológico para el escalamiento, producción y comercialización de prototipos válidos en el área de ingeniería electrónica básica; elevar la capacidad de innovación nacional (popular y empresarial) en 50% en los próximos 5 años, y en 70% en los próximos 10 años, en términos de investigación, adaptación y diseños de nuevos productos y procesos; aunque en realidad se está trabajando en la creación de otros PCyT que no se encontraban considerados dentro del PNCTI.
Este marco legal e institucional ofrece oportunidades a los PCyT, que se complementan con el Fondo de Investigación, Desarrollo e Innovación (FIDI), creado en 2005 para otorgar financiamiento bajo la modalidad de capital de riesgo, a proyectos innovadores presentados por Cooperativas y Pymes que no cumplan los requisitos exigidos por el sistema financiero nacional, para la obtención de un crédito. Estos proyectos deben estar relacionados con ideas innovadoras relacionadas a implantación y puesta en marcha, mejora de procesos de producción que incluya innovación, transferencia de conocimiento, que impulsen la sustitución selectiva de importaciones o con potencial exportador. La tendencia de Venezuela hacia el apoyo para los PCyT como instrumentos para el desarrollo del país, se evidencia no sólo en las estrategias del PNCTI que se ajusta al Plan de Desarrollo Nacional, sino en la creación de un organismo con un objetivo específico hacia la creación y fortalecimiento de estas estructuras como medios que permitan implementar instrumentos orientados a la consolidación de proyectos orientados hacia el desarrollo endógeno, sostenible y humano.
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